Perú21... y “sus” economistas imprescindibles

El diario en mención, detrás de su aparente pluralismo y transparencia informativa, ha devenido en una expresión ideológica-política bastante elaborada del “continuismo económico”. Esto es, una economía recesada y empobrecedora transfiriendo altos beneficios a la inversión no productiva o servicios (banca, seguros, afp’s, telefonía, electricidad, etc.). Para ello, y complementando similar corriente en el diario “Correo”, nada mejor que haber incorporado una serie de “analistas” de la realidad nacional -o lo que perciben como tal-, de manera particular a “escogidos” economistas vinculados a instituciones públicas y privadas que están fuertemente involucradas en la generación y mantenimiento del marco técnico-normativo preferencial para los beneficiarios de “nuestra” economía.

Precisamente, en un artículo previo (“Los MEF-Boys... o en busca del continuismo económico”) de fecha 02.Ene.06, traté el tema del control de la economía por ciertos grupos de profesionales “altamente calificados” que se consideran imprescindibles en los cargos o asesoría que desde hace muchos años vienen ejerciendo, y sin resultados de gestión y mejoras del bienestar general que presentar. Grupos que por un golpe de suerte: la mejora de los precios internacionales de los minerales, desde hace tres años vienen ufanándose de haber sido los artífices del incremento del PBI, como si ellos tuvieran una influencia en la determinación de dichos precios y por lo tanto de la coyuntura exportadora. Desde luego, la motivación de dicho artículo fue el escrito por la señora Cecilia Blume en el diario el “Correo”. Profesional muy conocida como asesora y “escudera” de PPK.

Con relación al mismo, entre otros párrafos escribí lo siguiente: “Hace unas semanas, para ser más exacto desde el mes de diciembre y a partir de la mejora de Ollanta Humala y el estancamiento de Lourdes en las encuestas, la cofradía del MEF que se consideran los “dueños” del manejo económico, dentro de los cuales se incluye a sus condicionales que pululan “usufructuando” instituciones como: PCM, BCR, FONAFE, Pro-Inversión, SBS, Organismos Supervisores, entre otros; están atravesando un singular “ataque de nervios”, lo que los ha obligado a mantener una sistemática defensa de los “logros económicos”, que sin decirlo directamente se lo atribuyen a su “destacada gestión” y no a dos años de "buenos precios" internacionales de los minerales. De allí que, en razón a su "autoridad demostrada", nos insisten en que no hay que pensar siquiera en: (1) modificar la Constitución del 93, ni (2) dejarlos fuera a ellos... porque sino, se nos viene una verdadera debacle nacional... ¡No faltaba más!”.

Pues bien, resulta que para “redondear” su faena, y luego de estar convencidos que tanto el PAP como UPP, no estarían dispuestos a darles ningún trato “preferencial” y los “obliguen” a abandonar sus “heredadas” sinecuras tecno-burocráticas, vienen ensayando por todos los medios “amigos” una campaña de “condicionamiento pre-electoral”, que consiste en relacionar la “estabilidad económica” para el nuevo gobierno, con su “necesaria” presencia en el manejo de la economía y sectores vinculados. De hecho, y como todo grupo de privilegio, con una visión muy particular de la realidad, asumen que una “familia” de no más de 100 personas, son los únicos profesionales calificados en el país. Y digo calificados, porque en cuanto a experiencia y conocimiento de nuestra realidad (geográfica, económica, social y política) al ocupar los cargos -y aún ahora-, no son sus virtudes más destacadas. Sino pregunten a cada uno de ellos, empezando por Silva Ruete, Abusada, DuBois, Blume, Castagnola, los Zavala, y otros, cuántos años o meses -de su vida profesional- han laborado en entidades públicas o privadas, fuera de Lima Metropolitana. Dicha falta de experiencia es precisamente lo que los mantiene desconectados del país y limitados para entender el PERÚ REAL, tanto como para gestar propuestas integrales de desarrollo y logros razonablemente compartidos entre la población.

Encerrados en sus propias limitaciones, pretenden evitar lo inevitable... su remoción e injerencia en la economía “aperturista” y “descapitalizadora” del Estado. De allí que no sorprende el artículo de Gianfranco Castagnola inserto en la edición de la fecha del diario “Perú21”, titulado “El copamiento del Estado”. No, no se equivoque, no es una autocrítica o catarsis de sinceramiento sobre el actuar de la perniciosa “familia” de los MEF-Boys, sino una “preocupación” sobre los destinos del país, por el ascenso al poder de un nuevo gobierno que no cuenta -según su dilecto saber- con profesionales calificados al nivel de ellos. Es decir, un menosprecio de petulantes por las nuevas generaciones de profesionales tanto o mejor calificados que ellos, que militan o brindan su apoyo a los partidos políticos alternativos al poder actual, y que se merecen las oportunidades que todo profesional peruano debe tener. Oportunidades de compromiso nacional y no las que sus mentores (viejos y mañosos lobbistas) “nacidos” en Agosto del 75, les brindaron -protección y cobijo- a cambio de incondicional retribución de favores, sino de órdenes de directas.

Por lo demás, y en el entendido que la lectura directa del artículo que transcribo, me ha de relevar de mayores comentarios, lo someto a consideración: “El copamiento del estado.- Gianfranco Castagnola.- Algunas instituciones del estado han logrado en la ultima década atraer profesionales de muy buen nivel que han manejado, de manera eficiente, transparente y predecible, los asuntos públicos de su competencia. Así, además del BCR, hoy cuentan con prestigio instituciones como la SBS, la Sunat, Fonafe, organismos reguladores y Prompex, por citar algunas, y ministerios -como el MEF- que han consolidado equipos de muy buen nivel, de funcionarios de ‘linea’ (no solo asesores o contratados). La diferencia entre su manejo técnico y el político de otras -como muchos de los programas sociales- se aprecia en sus resultados. El cambio de gobierno trae el riesgo de que estos equipos sean desarticulados para dar paso a militantes partidarios de escasa preparación. Mal haría el próximo gobierno en tomar esa opción: no solo pondría en riesgo su sostenibilidad; contribuiría también al cuestionamiento de la viabilidad de la democracia en nuestro país”. En resumen: nos dicen que mal con ellos, peor sin ellos. ¡No hay duda que son de la familia “spondilus”!.

Peru y Chile: sobre “trofeos”, propaganda e histórica desconfianza

Desde hace algún tiempo, y a raíz de la evidente desconfianza peruana por la carrera armamentista chilena, el gobierno sureño viene rehaciendo su estrategia diplomática y de medios (propaganda), a fin de “blanquear” sus reales intenciones de seguir ampliando su dominio geoeconómico sobre el Pacífico Sur. Dominio que no sólo se circunscribe a la toma y control de territorios vecinos, sino a la de influenciar y/o controlar la economía a través de: (i) inversiones “protegidas”, (ii) el acercamiento “liberal” a ministros y alta burocracia “sensibles” a los intereses chilenos y (iii) la angurria de lobbies jurídico-políticos que les “proporcionan” ingeniosas normas legales y/o “asesoría” para burlar el marco normativo y regulador del Estado.

No otra cosa significa su “disposición” a devolvernos algunos bienes patrimoniales (reliquias y/o documentos) “confiscados” por las tropas chilenas durante la ocupación de Lima, principalmente. Nos referimos a libros y documentos extraídos bajo la modalidad de pillaje (hurto, rapiña, latrocinio, despojo, etc.) de nuestra invaluable -entonces- Biblioteca Nacional. Una propuesta que nuestros (¿?) medios viene relevando como un gran logro de personajes públicos que consideran tal devolución como un acto de recupero de nuestra dignidad, luego de demandas “lastimeras” que pareciera promovida desde el mismo gobierno chileno. Evidentemente, como una táctica de “ablandar” a la opinión peruana crítica y cuestionadora del tipo de relaciones establecidas con nuestro siempre agresivo competidor sudcontinental. Una táctica que les da tiempo para adecuarse a un entorno “desfavorable” y les permite afinar su estrategia económico-militarista (o doctrina Portales), en la cual el rol del Perú (y Bolivia), no pasan de ser sino vecinos subordinados... por la razón o la fuerza, como reza el lema de su escudo nacional.

En cualquier de los casos, la “devolución” de libros, obras de arte e inclusive la de los restos del monitor “Huáscar”, no pasa de ser actos de simbolismo patriotero de quienes siguen pensando que las deudas históricas se pagan con restos poco o nada servibles. Estamos convencidos de que el deseo de Grau, era hundirse con su nave, sin embargo el destino y el sentimiento de quienes se sienten “guerreros” mapuches (feroces y vencidos), quisieron tenerlo como simbolo de afrenta al Perú. Precisamente, dichos espiritus patrioteros son los que reclaman una “devolución”... cuando algo más digno sería hundirlo en el lugar del combate: Angamos. Pero no. Desean y suspiran por los bienes sobrantes de un infausto y calamitoso conflicto bélico, donde fuimos arrastrados por ése blasón peruano: “Antipatria e Imprevisión”. Blasón que en los momentos actuales, y cuando Chile se muestra arrogante y desafiante, se viene convirtiendo en el lema de la traición. Alguién dijo que “...lo únicos que conocen las virtudes y debilidades de los peruanos, son los chilenos”. Yo agregaría: “...más que la mayoría de los propios peruanos”.

Es posible que muchos de los lectores peruanos, prefieran sentirse ajenos a la real historia del Perú y en particular de los antecedentes y sucesos de la denominada “Guerra del Pacífico”, particularmente limeños y quizás descendientes de las “Damas Limeñas”, que fueron las faldas tras la cual se protegían los “ilustres y connotados” limeños cuya repugnancia a los peruanos “montoneros” -pobres y/o incultos- de Piérola y Cáceres, los hicieron tomar partido (“Antes que Piérola, los chilenos”) por la colaboración y la "tranquilidad" de la ocupación. Peruanos que creían -y creen- que Lima es el Perú, quienes sin ningún afán patriótico por defender la patria grande, aunque sea en Lima, prefirieron convertirse en diligentes colaboradores del ocupante. Claro, salvo muy honrosas excepciones. Excepciones, cuando no, que nuestros “historiadores” han utilizado para “blanquear” a familias cuyos descendientes han devenido en los “pacifistas no patrioteros”. Familias que luego de la ocupación, escondieron a los peruanos -a los chilenos no-, una desde ya histórica progenie chilena. ¡Vaya usted a saber!.

Desde el otro lado, su historia "oficial" (Ver...) sólo trata de demostrar que la guerra fué una respuesta a las atrocidades que peruanos y bolivianos cometían con sus nacionales en los hoy en día territorios ocupados. Por supuesto, se guardan bién de explicar las motivaciones geoeconómicas (territorio, recursos en explotación -salitre, guano, cobre, sal, etc.- y dominio marítimo) de la invasión y desmembramiento territorial de los vecinos, en donde el maltrato real o simulado de nacionales (ambos útiles para la propaganda), era sino el pretexto para la acción bélica. Sobre el particular es relevante la cita de Nelson Manrique (1981), sobre el objetivo económico-territorial e inmediato de la acción bélica (control territorial hasta Tarapacá), y los excesos de poder de la clase militarista chilena imbuida de la "doctrina Portales", cuyo objetivo propio era destruir al Perú como enemigo, en el momento y para siempre. Por lo que, más allá de las órdenes del Congreso chileno, decidieron de motu propio ocupar Lima y controlar el Callao.

Leamos a Manrique: "En 1836 Chile y Argentina intervinieron contra la Confederación Peruano-Boliviana, proyecto integracionista impulsado por el mariscal Andrés de Santa Cruz, que buscaba restituir la unidad de dos territorios ligados por múltiples lazos históricos hasta fines del siglo XVIII y que, dentro del complejo ajedrez de la constitución de la Gran Colombia con la que soñaba Bolívar, había dado lugar a la formación de dos repúblicas separadas. El proyecto unitario de Santa Cruz (hombre de los dos países, pues era hijo de madre boliviana y padre peruano) alarmaba a la burguesía chilena. El ministro Diego Portales, uno de los más lúcidos artífices de su proyecto nacional, definió muy claramente la posición que guiaría en adelante la política chilena con relación a sus vecinos del norte, en una carta dirigida al contralmirante Blanco Encalada, en medio de la campaña contra la Confederación:

«No podemos mirar sin inquietud mayor alarma, la existencia de dos pueblos confederados que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, religión y costumbres formarán como es natural un solo núcleo... La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su extensión geográfica, por su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; por el mayor número de gente ilustrada de la raza blanca muy vinculada a las familias de influjo en España que se encuentran en Lima; por todas estas razones la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco.»

La doctrina Portales ponía gran énfasis en la necesidad de afirmar la hegemonía chilena sobre el mar, a través de la constitución de una poderosa marina de guerra y una gran marina mercante. Este tema resurgiría en plena Guerra del Pacifico durante la interpelación al ministro Balmaceda en las cámaras chilenas, en 1883, cuando éste tuvo que contestar a la pregunta de por qué el Ejército chileno prosiguió las acciones militares contra el Perú cuando Tarapacá ya había sido conquistada, con lo que ya se habían cumplido los objetivos de la intervención militar chilena, y se marchó contra Lima. Balmaceda respondió que para que Valparaíso surgiese, el Callao tenía que perecer. Así pues, los conflictos que se dirimían no se limitaban a la disputa por el guano y el salitre, sino tenían un trasfondo histórico más profundo".

Una precisión final; el artículo no lleva una connotación -necesariamente- beligerante, por lo menos mientras la correlación de fuerzas favorezca a Chile. Ello sería una desinteligencia y falta de tino ante un país que históricamente se ha caracterizado por su afán militarista, dentro de cuya visión los actos políticos y diplomáticos son los medios "lícitos" para encubrir las reales intenciones de agresión. En tal caso, la finalidad de poner en discusión aspectos básicos de la estrategia chilena, no es sino mantenernos alertas y proactivos hacia el logro de un país con un proyecto nacional compartido y en donde nuestras Fuerzas Armadas, adecuadamente implementadas, cumplan su rol disuasivo ante cualquier aventura vecina. En resumen; mientras Chile busca los pretextos, nosotros cubrimos nuestras debilidades... siendo el tiempo nuestro mejor aliado. Desde luego, si asumimos los riesgos que enfrentamos como nación.

Elecciones: ¿un “negocio” en la ONPE?

Hace unos años, escuché comentar sobre cierto mecanismo de “trasvase” de votos al interior del organismo electoral, el mismo que consistía en asegurar a candidatos “conocedores” y/o grupos de “operadores” políticos que apadrinaban lobbies específicos a favor de sus “clientes”, el traspaso de votos a su favor o de los candidatos “reclutados”, de manera tal de asegurarles la votación “adicional” necesaria para alcanzar su curul. Claro que, para hacerlo "posible", se mencionaba la aceptación de una “tarifa” de 1 a 2 dólares por voto trasvasado. Votos, desde luego, que le pertenecían a algún candidato o movimiento político poco importante o recién participante, que por limitación de medios y recursos, era evidente que no podían acreditar personeros en todas y cada una de las mesas electorales en el ámbito nacional y/o departamental, por lo que sus votos quedaban a la buena voluntad de los otros personeros y/o el desinterés (¿?) de su propio personero nacional/departamental.

En lo personal, dichas referencias no eran para ser aceptadas de buenas a primeras, habida cuenta que comprometía a nuestro organismo electoral, institución responsable constitucionalmente por la labor más importante y demostrativa de la democracia en ejercicio. Por lo que, de ser cierto los “comentarios”, sería sumamente escandaloso -cualquiera sea el nivel de operación- que se estuviera permitiendo dicho medio (el trasvase) que apunta en esencia a burlar la voluntad popular. Así que, cuando tuve la oportunidad (12.Set.05) de tratar sobre el tema de las elecciones (ver: “Política, elecciones y partidos ‘chicos’...”), sólo me permití una ligera insinuación sobre el particular. Sin embargo, al revisar muy temprano la edición del diario “Expreso”, encuentro una entrevista realizada al Arq. Humberto Lay Sun, candidato por el partido Restauración Nacional, en la que se vuelve a tocar el tema del trasvase de votos; y aún más, en el preámbulo se menciona que la “tarifa” estaría a 3 dólares por voto... Pero, es mejor que ustedes lean la parte relevante de la entrevista y formen opinión sobre un asunto que compromete las bases de una democracia que le es tan cara a muchos sectores deliberantes.

"Digitadores estarían favoreciendo a Perú Posible.- Lay Sun, de Restauración Nacional, denuncia “robo de votos” en la ONPE.

El pastor evangélico Humberto Lay Sun, líder de Restauración Nacional, denunció ayer que ciertas irregularidades en el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le estarían quitando puntos a su partido para favorecer a Perú Posible, agrupación que hasta hace algunos días estaba algo distante de la valla electoral. Todo empezó –ha dicho Lay Sun– con un cambio del personal de digitadores de la oficina de la ONPE en el Callao, y su denuncia ha recordado que en las elecciones generales del 2001 también se denunció que ciertos digitadores de la ONPE cobraban tres dólares por voto entre los postulantes al Congreso.

–¿Cómo ve el conteo de votos por parte de la ONPE?
Hay indicios de que le están robando votos a Restauración Nacional y ya estamos en el proceso de verificación de las actas para buscar las pruebas de esto y poder hacer una denuncia formal ante el Jurado Electoral Especial respectivo.

–¿En qué cantidad se han ido disminuyendo los votos a su favor?
Nosotros ya habíamos pasado el 4%. Resulta que Restauración Nacional comenzó a bajar muy rápidamente, mientras que Perú Posible subía, y justamente esto se produjo luego de un cambio de personal en la ONPE, en el Callao. Eso nos hizo preocuparnos muchísimo. Por ello la llamada de atención para saber qué está pasando en el cómputo de las actas por parte de este organismo electoral.

–¿Han encontrado actas que presentan irregularidad en su conteo?
Estamos en todo el proceso de buscar actas para verificar. Hemos encontrado ya algunas actas donde tenemos votos nosotros y, sin embargo, no aparecen en el conteo de la ONPE. No son muchas todavía, pero se están reuniendo estas para saber en qué cantidad existen. Si hay una o dos (actas) pueden ser errores, pero si hay un número considerable de actas se indicaría que hay una intencionalidad en dañar las preferencias del electorado hacia nuestra agrupación política.

–¿Cómo ve el trabajo de los digitadores de la ONPE?
Lo que pasa es que en nuestras actas figuran votos a nuestro favor, y luego en el informe de la ONPE no están, y nosotros queremos creer que es un problema de los digitadores en que no haya una intencionalidad más arriba.

–¿En qué lugares se han presentado estas irregularidades?
Acá en Lima, como también hemos encontrado irregularidades en Iquitos, por ejemplo, donde en un momento estábamos con más de mil 200 votos arriba de otro partido (Perú Posible) y en cuestión de horas esta agrupación nos supera por más de 200 votos.

–¿Y sus personeros?
Lo que ocurre es que no hemos tenido personeros en muchos lugares. Restauración Nacional es un partido joven, recién hemos comenzado y apenas hemos tenido el 10% de los personeros necesarios, por lo que ha sido un poco difícil el control de las actas.

–¿El cambio de personal en la ONPE sería el motivo de las irregularidades?
Existe una extraña coincidencia que nos hace pensar en esta posibilidad, aunque puede ser que existan otros motivos. Después de nuestra verificación daremos más detalles sobre esto.

–¿Perú Posible sería el más beneficiado con esto?
Las coincidencias son evidentes. Es por eso que debemos verificar estas irregularidades antes de acusar a cualquier partido o a la misma ONPE. El partido que se ha visto favorecido con estas variaciones en el conteo de votos ha sido Perú Posible, que estaría empezando a subir cuando era casi un hecho su ausencia en el próximo Congreso."
(...)

El TLC o las verdades no dichas...

El tema del TLC, cuyas implicancias en el diseño de políticas económicas para afrontar los retos de desarrollo de nuestro país, no ha alcanzado -ni siquiera relativamente- un nivel de discusión y esclarecimiento que su trascendencia demanda. De hecho los promotores y/o defensores del Acuerdo de Libre Comercio (ALC o FTA/Free Trade Agreement) mal denominado “Tratado”, o TLC, se han limitado a mantener argumentos como: (1) El Acuerdo de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de Droga, o ATPDEA -por sus siglas en inglés-, es un éxito en exportaciones y empleo; (2) El ATPDEA se vence en diciembre del 2006, por lo que la única opción para el país para seguir accediendo en condiciones similares al mercado norteamericano, y mantener los logros, es la de suscribir el ALC o TLC antes de dicho término; (3) Si no se firma el ALC o TLC, y se vence el ATPDEA, lo alcanzado en exportaciones y empleo se perderá y ello traerá consigo un descalabro del sector exportador beneficiado con el ATPDEA y -por extensión- de la economía y la gobernabilidad; entre otros argumentos no menos apocalípticos.

Lo cierto, es que hasta ahora no se encuentra a disposición de la población peruana, siquiera unos cuadros resúmenes respecto a que sectores y que productos son los que se han venido beneficiando de las preferencias arancelarias para acceder al mercado norteamericano, no sólo a partir de la vigencia del ATPDEA, sino desde el 1993 en que unilateralmente los EE.UU. aprobó la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA, en inglés). Es decir, después de 13 años de preferencias arancelarias relativas, se debe tener un registro amplio y detallado de cómo ha evolucionado sectores y productos objeto de los alcances de las preferencias, indicándose como ha sido su interacción en términos de la dinamización económico-productiva e impactos socioeconómicos en los espacios sensibles y motivadores del ATPA y ATPDEA; esto es, en las zonas de producción de hoja de coca, y en particular de aquellas donde la mayor producción se destina a fines ilícitos. Tampoco, se ha explicado lo suficiente con relación al tema de las "condiciones" (productos agrarios y propiedad intelectual-medicinas) impuestas por la parte americana, así como sobre las formas en que se verá afectado el proceso de consolidación y/o constitución de bloques comerciales sudamericanos (CAN, MERCOSUR, GRUPO 20). En particular, de que manera el TLC contraviene los acuerdos comerciales y de integración -previamente suscritos-, y cual el papel "protagónico" y de credibilidad en el contexto latinoamericano que pretendemos a futuro

Precisamente, estos son los aspectos menos divulgados dentro de la controversia alrededor del TLC, y de manera particular, con relación a los logros a favor de los supuestamente primeros beneficiados del ATPA y ATPDEA, donde los beneficios directos han sido hacia empresas -de Lima y ciudades costeñas- que poco o nada aportaban a resolver el tema de la sustitución de cultivos de hoja de coca, la reducción de áreas cocaleras y la menor oferta de estupefacientes al mercado norteamericano, particularmente. De hecho, las características que asume el TLC, es una muestra que los temas de la pobreza y el narcotráfico, han dejado de ser una prioridad para la política norteamericana, dando un mayor énfasis a las relaciones comerciales bilaterales con nuestros países y con la finalidad de: (i) proteger y ampliar mercados para “rentabilizar” su agricultura subsidiada, y consistente con las medidas de retirar progresivamente los subsidios internos que presionan sobre las cuentas fiscales; (ii) la formación de “bloques” de países supeditados a los EE.UU., dentro de su estrategia de imponer condiciones a los bloques europeos y asiáticos en el proceso de negociaciones en el seno de la OMC (Organización Mundial de Comercio); y (iii) consolidar el paradigma “neoliberal” afirmado en el Consenso de Washington, respecto a que el “Libre Comercio” es el único medio de engrandecer a los países y erradicar la pobreza mundial.

Sobre lo esbozado, considero pertinente conocer algunos puntos de vista expuestos sin rodeos y sin sutilezas, por la Misión de la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de EE.UU., dentro de sus objetivos de monitorear los avances del ALCA y los Acuerdos de Libre Comercio (ALC o TLC), en particular con Colombia, Ecuador y Perú. Dichos comentarios, son una introducción a enfoques que difieren de la versión liviana y poco -o nada- transparente con que los “lobbies del TLC” han inundado los medios y círculos de opinión política, sino a los propios partidos o alianzas con peso deliberante en la formulación de políticas de desarrollo. Sobre el particular, señalo que he realizado una traducción libre de la “Introducción y Antecedentes”, cuyo texto inserto a continuación; sin embargo, el documento completo -versión en inglés- lo puede descargar del link: Report...

"Del 3 al 9 de julio del 2005, una delegación bipartidaria de los miembros del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso, viajaron a Colombia, Ecuador, y Perú. El propósito del viaje de la delegación era centrarse en las negociaciones en curso para un Acuerdo de Libre Comercio con los referidos países y discutir temas sobre inversión y seguridad en la región. La delegación puso énfasis en que las actuales preferencias comerciales unilaterales bajo el Acta de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de Droga (ATPDEA) están fijadas para expirar en diciembre de 2006, y la única manera que los países andinos pueden replicar su acceso al mercado de Estados Unidos, después de que expiren estas ventajas, es a través de un comprensivo y bilateral Acuerdo de Libre Comercio que proporcione un acceso recíproco de mercado.

El Congreso concedió preferencias comerciales unilaterales a la región en 1991 bajo el Acta Andina de Preferencia Comercial (ATPA), la cual identifica a Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú como beneficiarios potenciales. Colombia y Bolivia fueron designados para las ventajas en 1992; Ecuador y Perú fueron designados en 1993. Cada uno de estas designaciones se han revisado anualmente y se ha renovado. El ATPA original no permitió el tratamiento con libre derechos de aduana para varios productos sensibles, tales como ciertos artículos textiles y confecciones. En 2002, el Congreso decretó el ATPDEA para extender y para realzar las ventajas comerciales del ATPA como manera de crear alternativas adicionales a la producción ilícita de la droga, de manera tal que se incremente la seguridad política en la región andina y el hemisferio. En general, el ATPDEA extendió las ventajas comerciales hasta el 31 de diciembre del 2006, y ampliado su cobertura para incluir productos adicionales tales como confecciones con tejidos importados de los Estados Unidos, confecciones andinas hecha con tejidos regional supeditado a cobertura, y cierto atún.

Durante la reunión ministerial para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Miami-Florida, en noviembre de 2003, la Administración (Ejecutivo) notificó al Congreso de sus planes para negociar un Acuerdo de Libre Comercio (ALC, conocido como TLC) con Colombia, Perú, Ecuador, y Bolivia. Las negociaciones del ALC (FTA, en inglés) comenzaron en mayo de 2004 con Colombia, Perú, y Ecuador, y se han llevado a cabo once rondas de negociación. Bolivia es actualmente un observador en las negociaciones".

El TLC, desesperación y patrañas...

En primer lugar, hasta ahora es un misterio si lo que viene negociando -o ha negociado- el gobierno Peruano y el de Estados Unidos, es un convenio, un acuerdo o un tratado. Para muchos, inclusive los que han participado de las negociaciones, no les ha sido muy claro y en consecuencia relevante tal precisión. El tema es que, quienes vienen impulsando -por intereses varios- un acuerdo comercial con los EE.UU., buscan “asegurar” por plazo indeterminado los términos del acuerdo, al margen de que sean beneficiosos o no para nuestro país. Para ello, su “estrategia” para cumplir el encargo (¿?) recibido, ha sido la de buscar que el Acuerdo sea llevado a la categoría de Tratado, de manera tal que cualquiera sea el gobierno que le suceda al actual, se verá sujeto a cumplirlo por estar el Perú obligado a la "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados". Sobre el particular, en el artículo: “El Perú y el TLC: un mal negocio” (30.Ago.05), se hizo precisiones sobre el asunto en cuestión.

Lo referido, aparte de la sinuosidad con que se han llevado las “negociaciones”, no deja lugar a dudas que la política del “Sí o Sí”, viene alcanzando su máxima expresión. Precisamente, a raíz de la firma del Acuerdo entre el representante (¿?) peruano y el norteamericano, con la presencia de nuestro inefable presidente A. Toledo, se ha desatado especial regocijo para los operadores y beneficiarios directos del Acuerdo o “Tratado” de Libre Comercio, quienes secundados por tecno-burócratas de las canteras “neoliberales”, despliegan todas sus baterías argumentales contra los “enemigos” del libre comercio. Es decir, los que se oponen a los resultados de las negociaciones y quienes a pesar de exponer razones válidas sobre las consecuencias del mismo, han sido ninguneados con gran estilo y brillante forma. Llegando inclusive, en el colmo de la necedad y pedantería, a sostener con “autoridad” que los esfuerzos por llevar el “TLC” a un Referéndum... es anticonstitucional. La verdad... no puedo menos que pensar que son unos cínicos y/o incompetentes.

Veamos esta patraña elaborada con cierta “exquisitez” por dichos sectores y apoyada con singular entusiasmo por los medios de comunicación que se pretenden “calificados y transparentes”, cuya finalidad no ha sido esclarecer a la población sobre la relación TLC-Referéndum, sino la de seguir confundiendo al pueblo peruano y/o manifestar un desprecio evidente por la verdad. Pero, revisemos el texto de la Constitución del 1993, al que vienen aludiendo y que a la letra dice:

“Artículo 32°.- Pueden ser sometidos a referéndum: 1.- La reforma total o parcial de la constitución; 2.- La aprobación de normas con rango de ley; 3.- Las ordenanzas municipales; y 4.- Las materias relativas al proceso de descentralización.- No puede someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.”

Precisamente, la última referencia tiene un contenido diferente al que vienen “sustentado” los encubridores de un acuerdo comercial internacional cuyas consecuencias para nuestro país, se avizoran lamentables. Lo correcto es que, el denominado TLC no es un tratado internacional en vigor; en consecuencia, el referido texto no limita la iniciativa del referéndum. En tal sentido, si el Congreso en un acto final de compromiso con el país, desea diferir su ratificación y dar lugar al Referéndum, no hay ninguna razón legal para pretender que se esté contrariando lo que la Constitución hace explícito y taxativo.

Ahora bien, es tan grande la desesperación -sea por afanes “aperturistas” y/o crematísticos- que los fuerza a aprobar el TLC en cuestión, que han ido pasando de las sutilezas al descaro mayúsculo. No otra cosa significa “reinterpretar” la Constitución para frenar cualquier intento de poner en riesgo su “gran negocio”. Un TLC, cuyos compromisos comerciales -sesgado a las importaciónes y en particular a COMEX- se viene demostrando pernicioso para un impulso articulado de nuestra economía, tanto como para el diseño de políticas económicas que tiendan a reactivar rápida y sostenidamente nuestros sectores de mayor potencialidad productiva, estructurándolos para dar lugar a condiciones competitivas donde el comercio exportador basado en bienes de alto valor agregado, sean los ejes en la generación de empleo, ingreso y consumo-bienestar. Lo más lamentable de todo, es que se viene aprovechando una coyuntura electoral para introducir el TLC como un medio disuasivo de las posiciones políticas que son contrarias al conjunto de políticas económicas “delivery” que tratan de presentar como parte de un modelo económico “exitoso”...