miércoles, noviembre 09, 2005

Radio y TV al ataque...

La vigencia de una ley -y normas complementarias- que requiere a los medios de difusión (Radio y TV), la asignación de espacios o “franjas electorales” gratuitas a favor de los grupos políticos -inscritos en el JNE-, para la difusión de sus idearios y/o programas, ha generado una “rebelión” de las empresas usuarias del espectro radioeléctrico o frecuencias radiales, agrupadas en la denominada “Sociedad Nacional de Radio y Televisión” y que involucra a los medios considerados más importantes del país, entre ellos al Grupo RPP (Radio Programas del Perú) de propiedad de Manuel Delgado Parker. Dicha rebelión, ha sido expresada públicamente mediante un Comunicado cuyo argumento central es que, se debe proceder a la derogación o modificación de la norma, debido a que no estarían en capacidad de cumplir con la misma. Así de firmes son... ¡No faltaba más!.

Lo cierto es que, como he referido en mi artículo: “El Estado: ¿Tiene herederos?” e insertado en este blog con fecha 20.oct.05, si dichas empresas tienen un valor público y comercial, es porque vienen haciendo uso de frecuencias radioeléctricas que son de propiedad o dominio del Estado. Es decir, de todos los peruanos. Y por supuesto, dichas empresas como tal y sin la frecuencia referida, no pasaría de ser un simple cascarón, sin más valor que el de sus bienes. Así de claro y sencillo. También dicen que, son empresas privadas y que como tal, “obligarlas” a brindar un servicio gratuito, atenta contra los principios básicos de la actividad empresarial y en consecuencia, una medida de esta naturaleza, deviene contraria a la Constitución. Por supuesto, es risible que los entusiastas activistas del “gobierno alterno”, el mismo que viene expropiando el Poder a los gobiernos elegidos, reclaman por la Constitución... Sin embargo, ese no sería el punto, su audacia y mañas apunta lejos... sienten un gobierno y congresistas débiles y apremiados por las “circunstancias” políticas, para NEGOCIAR...y no "perder" ganancias de campañas electorales. Así que una presión en el momento adecuado, no deja de ser efectiva... y rentable.

Pero, más allá de sus intenciones puntuales, vayamos al fondo del asunto, digamos lo doctrinario. Evidentemente, los señores propietarios de las empresas integradas en dicha sociedad, con dicha posición estarían demostrando un sumo desconocimiento, por no decir otra cosa, que: (1) la naturaleza de su actividad, es de un SERVICIO PÚBLICO prestado por empresas privadas AUTORIZADAS a hacer uso de un medio (frecuencias) del Estado; (2) dentro de dicho trato, se obligan a aplicar contenidos que no atenten contra los valores esenciales de nuestra NACION; entre ellos, la difusión y sostenimiento de los valores democráticos; (3) para ejercer una democracia irrestricta -como demandan-, se hace necesario que dichos medios de difusión, estén orientados dentro de los fines del Estado; particularmente, en una transparente exposición de los planteamientos de candidatos que pretenden ejercer la representación -ejecutiva o legislativa- del Estado; y (4) el Gobierno y/o el Congreso -en representación del Estado-, y en el entendido que la restricción de recursos de los candidatos puede limitar la exposición de ideas y/o programas, y considerando el uso adecuado de las frecuencias, pueden determinar las facilidades equitativas a los grupos políticos para que la POBLACIÓN acceda y se haga un juicio de valor sobre los mismos, previo al momento de la elección.

Dichos actos, ejercidos sobre la base de la defensa de los valores básicos de la Nación, no pueden ser considerados jurídicamente INCONSTITUCIONALES. Ni mucho menos. En sentido contrario, SI LO ES, que empresas privadas dedicadas a la actividad de Radiodifusión, que usufructúan un bien inalienable del Estado, se consideren en sentido estricto una sociedad mercantil. No se trata de una panadería, ni una fábrica de tejidos o un restaurante, donde el Estado no mantiene una relación directa en salvaguarda de un bien concedido (frecuencia). Dichas empresas, de requerírsele que entreguen sus productos gratuitamente para una campaña electoral o grupos políticos en particular, ello sería no solo ilegal sino aberrante. Pero, si es CRITICABLE y merece nuestro total RECHAZO que los medios de difusión (Radio y TV), que por lo general se muestran deliberantes en la política, y que practican un permanente “bloqueo” –aún cuando se ofrece el pago- a planteamientos que no son afines a los intereses mercantiles de la empresa de radiodifusión o de sus mentores y/o clientes mas importantes, se pretendan VICTIMAS y argumenten un supuesto atentado contra el ejercicio de la actividad privada... ¡Si no serán!.

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