El gas, inversionistas y gobiernos “flexibles"

A raíz del pronunciamiento de las comunidades Machiguengas, con relación a los reiterados “problemas técnicos” que tiene la operación del gasoducto de Camisea, se han suscitado una serie de comentarios de técnicos y/o profesionales, en particular dentro de la “Red de Energía” (reddeenergia@googlegroups.com), que van desde la “comprensión” por las fallas debido a que no tenemos experiencia técnico-constructiva, hasta las que cuestionan la calidad y seguridad de la obra (gasoducto), pasando por el reconocimiento de que el problema actual es consecuencia de las condiciones en que se hizo la concesión. Entre ellas, las “flexibilidades” otorgadas -mediante contrato y normas legales complementarias- a la empresa Transportadora del Gas del Perú (TGP).

En tal sentido, como medio de contribuir -de ser posible- al debate sobre el tema, así como en la eventualidad de que con el advenimiento de un nuevo gobierno con verdadero interés por el país, se revise todos los procesos de concesión; en particular, aquellos donde han intervenido “postores -ganadores” cuyo aporte propio en la inversión comprometida, ha sido mínima y no correspondiente al nivel de ganancias que vienen recibiendo y/o que “reciben” recursos de los propios peruanos, sin que se les reconozca a éstos los montos de la capitalización “obligada”, ponemos a consideración los siguientes comentarios que podrían servir como referentes de la situación... de éste y otros proyectos.

(1) Cuando se hace una convocatoria para construir y operar un gasoducto, aquí o en la Cochinchina, se establecen Términos de Referencia (TR) que recogen exigencias acordes al desarrollo de la tecnología que sobre el particular existe.

(2) Los TR, los elaboran técnicos y/o consultores de alta calificación, a los cuales se les ha brindado los medios y recursos necesarios, para preparar ADECUADAS EXIGENCIAS. Esto es, que garanticen la calidad de las técnicas constructivas y de los materiales usados, entre otros.

(3) Los responsables de la convocatoria y adjudicación, hacen uso de los TR para asegurarse que dentro del (o los) proceso (s), las empresas pre-calificadas y luego calificadas para ser postoras serias y solventes (técnica y financieramente); puedan cumplir con las exigencias de una obra que demanda los más altos estándares de construcción; en particular, por la alta sensibilidad con respecto a los impactos ambientales, y en consecuencia a la vida y salud de las personas que se asientan dentro del área de influencia (inmediata y mediata) del gasoducto.

(4) Los contratos, una vez realizado un proceso de selección serio y transparente, se redactan protegiendo los intereses nacionales, habida cuenta de la propiedad estatal de los recursos a explotarse. Dichos intereses, pueden ser armonizados con la de los inversionistas en la medida que los mismos asuman mayores riesgos sobre su propio capital y no requieren de compromisos "soterrados" para disminuir los "riesgos" y palanquearse (usar recursos ajenos) en capitales o contribuciones de peruanos.

(5) Si no fuere así, y la tendencia haya sido (sospechosamente) facilitar mecanismos de "flexibilidad" en los contratos, tal como se viene observando, significa que el "negocio" para la empresa -y no para el país- era y es, (a) disminuir la participación obligada de la empresa en la inversión, (b) acceder a financiamiento de terceros (AFP y/o Bancos) con la "garantía comprometida" de que todos los peruanos usuarios del servicio de energía eléctrica, brindan su respaldo a la empresa "ganadora". Respaldo que ni a usted ni a mí, ni mucho menos a la población, se le ha consultado... y (c) "recuperar" en menos tiempo "su inversión"...

(6) En cuanto al costo del gasoducto, que debió o debería ser auditado por OSINERG, como medio de verificar la real inversión de la empresa (TGP) y en consecuencia la evidencia de haberse seguido los altos estándares constructivos exigidos por la obra, particularmente de los materiales usados y medidas de seguridad adoptadas, no se tiene mayor información. Dicha omisión es grave, sobre todo si consideramos que la amortización de la inversión (¿real?) viene corriendo a cuenta de los usuarios del servicio de electricidad.

Medio Ambiente y Gasoducto de Camisea

La discreta difusión de un pronunciamiento de las comunidades nativas machiguengas, relacionado a los reiterados “problemas técnicos” en la operación del gasoducto que transporta el gas de Camisea, así como su impacto en el medio ambiente de nuestra amazonía, en particular de las zonas del Bajo Urubamba, lugar donde se asientan las comunidades Machiguengas y Yine-Yami (Piros), hace imperiosa la necesidad de difundir -en lo posible, y dada su importancia- dicho pronunciamiento.

Asimismo, y debido a su pertinencia, es preciso reiterar que por “razones” del contrato entre el gobierno peruano y la empresa TGP, todos los usuarios del servicio de electricidad hemos sido obligados a pagar mes a mes -como adicional de nuestro consumo- los costos del gasoducto. Obligación que nos vincula a través de una curiosa “Garantía por Red Primaria” aceptada por el gobierno, que significa que no es la empresa -como "inversionista solvente"- quien va a amortizar la inversión, sino nosotros... para usufructo de la empresa. Un artículo de Luis Bravo Villarán (leer), explica dicha modalidad. Un dato adicional: el monto acumulado de lo que ya hemos pagado supera los 200 millones de dólares. ¡Buen negocio!.

=======================================

*PRONUNCIAMIENTO*

AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
A PERUPETRO.
AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
A LA DEFENSORIA DEL PROYECTO DEL GAS DE CAMISEA.
A OSINERG.
AL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.
A LA SOCIEDAD EN GENERAL.

RUPTURA DEL DUCTO DE GAS EN LA RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA

El día de hoy, viernes 25 de Noviembre del presente año, la Empresa Transportadora del Gas - TGP realizo un comunicado de prensa a través de diversos medios de comunicación radial de nuestra localidad, manifestando que se habría suscitado una "CAÍDA DE PRESIÓN" en el Ducto de Líquidos, el día 24 de Noviembre del presente año aproximadamente a las 4:53 horas, hecho que se produjo entre las progresivas 50 y 52 del Derecho de Vía, así mismo en el mencionado comunicado de prensa indicaron que este hecho habría sido detectado a tiempo por el "SISTEMA DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN DEL DUCTO" en el CENTRO DE CONTROL, activándose los "SISTEMAS DE BLOQUEO" correspondientes para el cierre del Ducto de Gas, indicando también, que el Sistema de Transporte del Gas no habría sufrido daño alguno y que el abastecimiento a sus clientes se estaría realizando en forma normal.

El Consejo Machiguenga del Río Urubamba y la Central de Comunidades Nativas Machiguenga que representan a la totalidad de la población machiguenga de la cuenca del Río Urubamba, hemos corroborado esta información comunicándonos con nuestras comnidades base que se hallan en la zona del suceso, determinando que el comunicado de prensa no se ajusta a los hechos producidos en el denominado incidente de "CAÍDA DE PRESIÓN".

Nuestras comunidades nativas bases (Mayapo, Camana y Carpintero), han identificado el lugar de la FALLA DEL DUCTO, dentro del Área Natural Protegida RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA, entre las progresivas 50 y 52 del Derecho de Vía, en las nacientes del río PAROTORI (cumbres de las Divisorias de aguas), que es Tributario o afluente del río PICHA y este a su vez es tributario del río BAJO URUBAMBA; y que el mencionado incidente no solo se trataría de una simple "CAÍDA DE PRESIÓN" sino de una RUPTURA DEL DUCTO DE LÍQUIDOS DEL GAS, que se habría producido varias horas antes de la hora indicada por comunicado de prensa de TGP, y que habría sido controlado varias horas después.

Durante este tiempo, se habría producido un derrame considerable que comprometió la naciente del río Parotori, contaminando el Medio Ambiente -sobre todo- las aguas de toda la cuenca Parotori - Picha- Urubamba, afectando gravemente a las comunidades nativas Camana, Mayapo, Puerto Huallana, Carpintero y las que se hallan en el trayecto del río BAJO URUBAMBA aguas abajo, causando el envenenamiento de las aguas, exterminio de las especies ictiológicas y otras que dependen de ellas, lo que acarreará la falta de alimento (peces) que estos ríos generan y que es parte principal de la dieta de las comunidades nativas.

El Consejo Machiguenga del Río Urubamba y la Central de Comunidades Nativas Machiguengas, en varias oportunidades ha hecho llegar a la empresa TGP sus observaciones y a Uds. Señores autoridades, respecto seriedad técnica de la construcción del Gasoducto y los posibles problemas que este presentaría en caso de una "FALLA" en el futuro, a lo cual la empresa siempre ha manifestado que contaban con "TECNOLOGÍA DE PUNTA", haciendo mención en varios eventos de nuestras organizaciones al "CHANCHO INTELIGENTE", aparato que se desplaza al interior del ducto para diagnosticar posibles "fallas", y que se depositaba la confianza de la empresa en este aparato; confianza también depositada por funcionarios de OSINERG. Nos preguntamos ahora ¿Que sucedió con su Tecnología de Punta?; ¿Que va a suceder en los 30 años que durará la explotación del Gas?; ¿Que acciones realizarán las Autoridades competentes en la defensa de lo Derechos de nuestros hermanos nativos?. Ha transcurrido solo un año de la inauguración del gasoducto y ya se han suscitado 04 denominados "incidentes" de los cuales tres se produjeron en la zona del Bajo Urubamba, los que han afectado gravemente nuestra vida y la del medio ambiente encontrado prístino al empezar el proyecto Camisea.

Así mismo, en ultima reunión entre el Ministerio de Energía y Minas y la Comunidad Nativa de Shivankoreni; los representantes del Ministerio de Energía y Minas informaron sobre la "Falla" del Ducto del Gas producido en la sierra central del país (Tercer Incidente), en donde puntualizaron que este incidente seria el ultimo y en caso de ocurrir un nuevo incidente, él Ministerio de Energía y Minas y OSINERG suspenderían las operaciones de la empresa Transportadora del Gas del Perú. Ocurrido el Cuarto incidente en un proyecto muy joven, ¿Cumplirá el Ministerio de Energía y Minas y OSINERG con aplicar las sanciones correspondientes?. Y en caso de aplicar las sanciones ¿se hará efectiva esta sanción?. ¿O es que el Estado a través de sus organismos gubernamentales no esta en la capacidad de hacer cumplir las leyes?.

En vista de esta política contemplativa de todas las autoridades para con el proyecto Camisea, que debería convertirse en el emblema del las buenas prácticas ambientales, técnicas y sociales para marcar un hito en las próximas inversiones en el sector, el COMARU y la CECONAMA, a nombre de las Comunidades Nativas afectadas por el derrame producido por la RUPTURA DEL DUCTO DE LÍQUIDOS DEL GAS;

Exige:

(1) Auditoria ambiental y técnica independiente hecha por empresa extranjera; de las actividades del proyecto camisea, con el pedido expreso que los resultados de ésta se haga de conocimiento público.
(2) Limpieza total de toda la zona de influencia en el lugar donde ocurrió el derrame de líquido del gas y restitución en el corto plazo de la calidad ambiental del lugar; incluyendo el derecho de vía en todo el tramo selva que aún cuenta con desperdicios abandonados por la empresa, que numerosas veces han sido notificados por las comunidades y sobre los cuales se ha hecho caso omiso.
(3) Se esclarezcan debidamente las causas del derrame y se haga público.
(4) Inspección ocular inmediata de toda la ruta del gaseoducto.
(5) El Ministerio de Energía y Minas cumpla con su rol de hacer cumplir a todas las empresas del sector de hidrocarburos las Normas Técnicas y Ambientales lo mismo que el Convenio 169 - OIT.
(6) OSINERG, realice efectivo seguimiento, fiscalización y hacer cumplir en forma EFECTIVA las normas técnicas y los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
(7) Intervención inmediata de OSINERG en las emergencias, con una actitud imparcial y transparente, para lo cual debe incrementar su personal y contar con equipo adecuado para una adecuada independiente.
(8) Que los montos provenientes de las sanciones económicas (multas), derivadas por incumplimiento de normas de Impacto Ambiental, sean destinados a las zonas afectadas directamente para implementar sistemas permanentes de control y restitución de la calidad ambiental en nuestras comunidades.
(9) Se den amplias garantías para que en los próximos 30 años no se repita los desperfectos y derrames como se esta observando a corto tiempo.
(10) Se restablezca las comunicaciones de parte del Consorcio Camisea con las Comunidades, para mantener informadas a estas, de todas las actividades que viene realizando durante la vigencia de la concesión.
(11) Mayor control y restauración de las partes del Ducto que estén aflorando, producto de las lluvias.
(12) Adecuada compensación a las comunidades nativas afectadas.
(13) Elaborar cartillas para la prevención de accidentes y daños ocasionados por cualquier contingencia en la operación del ducto.
(14) Entregar en forma definitiva a las organizaciones el total control del PMAC; poniendo a su disposición los equipos necesarios para su implementación cotidiana y sobre todo en cualquier emergencia como ésta.
(15) La instalación de la oficina de Relaciones Comunitarias en Malvinas (reiteradamente), para la atención de nuestras comunidades.
(16) La empresa TGP, deberá realizar simulacros con la participación de nuestras comunidades y sus autoridades.

Los que suscriben en nombre de las comunidades nativas de la cuenca del Urubamba, otorgan a las autoridades el plazo de 15 días para fijar un plan y poner en marcha los puntos solicitados; requerimos que la respuesta al presente memorial se haga público y se canalice a través de nuestras organizaciones, fijando personas, instituciones, fechas, plazos y montos para cada una de los puntos anotados.

Quillabamba, 25 de Noviembre del 2,005.

Atentamente:

WALTER KATEGARI IRATSIMERI
JEFE DE COMARU / VICEPRESIDENTE DEL CGBU

LUIS VASQUEZ RÍOS
PRESIDENTE CECONAMA / PRESIDENTE DEL CGBU.

Es antipatria... no importa como le llamen

Para empezar y a fin de no alterar ánimos, deseo dejar sentado que uso el concepto de Anti-PATRIA, con relación a todo tipo de pensamiento y/o acción que afecta o tiende a afectar los intereses de la NACION, dentro o fuera de nuestro TERRITORIO. Así que hecha la aclaración, paso a referir lo del titulo. Este es una adaptación libre de un mensaje publicitario muy difundido en los medios y que trata de que los nombres no importan sino lo que significa... de allí que podemos decir: Convemar, TLC, Anillo Energético o Interoceánica,... no importan como se llamen... ¡Es Antipatria!... y no estoy exagerando.

Pero antes de ir al tema, precisemos contextos porque es evidente que las decisiones de gobierno no se toman por que se le ocurre al Presidente o a los Congresistas, influenciados o no por los inefables asesores vinculados a algún lobby abogadil-político, o porque –necesariamente- haya un negocio suculento, sino porque las decisiones de gobierno o políticas de estado, son necesarias para asegurar el contexto de la estrategia internacional de "apertura globalizante". En tal sentido, dentro de dicho contexto o "nuevo orden", para sus mentores y/o beneficiarios se convierte en una necesidad (Sí o Sí) de que, en las zonas más atractivas por sus recursos, se establezcan de manera "permanente" gobiernos nacionales dóciles y/o proclives a los fines de la estrategia de dominio económico-financiero mundial. De hecho, dicha necesidad lleva a prácticas amorales harto conocidas y nada "pacíficas", en particular sobre líderes políticos nacionalistas en ascenso o con influencia en la población, pasando por las movilizaciones callejeras para "recuperar la democracia" y/o desestabilizar gobiernos con aceptación popular pero "no dóciles", hasta llegar a la cirugía mayor: el golpe cívico-militar... Todo "justificado" en nombre de la democracia y la libertad, ya que el "mundo libre" está en peligro de caer en manos de la "barbarie"... de "hordas pobres e ignorantes"... ¡No faltaba más!.

Entonces veamos como nos hemos ido "insertando" en dicho contexto, y por que se están dando -en los últimos 12 años- decisiones de política "ineludibles" (Sí o Sí). Aplicadas con mano dura y/o con sutiles artimañas mediáticas, en la cual -de no mediar un proceso electoral próximo- los líderes políticos, denomínense "nuevos" o "tradicionales", mantendrían su "rentable" silencio o en el caso extremo, poniendo su "caudal político" a favor de tales decisiones de gobierno. En lo histórico-político, es preciso considerar que las decisiones en cuestión se insertan dentro las tendencias "modernas y aperturistas" de la tecno-burocracia pro FMI-Banco Mundial, las que se remontan al año 1975, cuando se da un giro brusco e irracional en las políticas de Estado, para someterse a consensos externos de naturaleza geopolítica ("guerra fría"), e integrarnos al bloque "democrático" conducido por EE.UU. Para ello, se dio inicio un acondicionamiento anti-nacionalista no sólo de la población civil, sino inclusive de las Fuerzas Armadas, que hizo posible que la defensa de los intereses nacionales pasaran a ser una suerte de "resistencia patriótica"... como lo es hoy en día.

A fines de los ’80 y comienzo de los ’90, con la desintegración de la Unión Soviética y el término de la "guerra fría", se inicia una caída de la demanda de armamentos en el ámbito de las grandes potencias, por lo que los complejos transnacionales de la industria bélica –con alta acumulación de capitales- empiezan a buscar nuevos negocios o repotenciar los establecidos (minerales, petróleo, gas, petro y gasquímica, biotecnología, medicamentos, etc.) para consolidar su poder político y financiero en el ámbito mundial, más allá de la geopolítica y por encima de los ESTADOS NACIONALES. Precisamente, dichas necesidades de acumulación y poder, así como su control de capitales, tecnología y su capacidad deliberante ante los organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, FMI, OMC,...) hacen posible el diseño de una gran estrategia mundial, basados en el manejo de los mercados, particularmente de capitales, que pasa a denominarse "Globalización" y "Liberalización" a cuyo concurso acuden entusiastamente -con honrosas excepciones- las clases políticas nacionales.

Establecido el contexto de las decisiones políticas, y con un accionar del gobierno caracterizado por una voluntad autoritaria (Sí o Sí), condicionada a su vez por: (1) la falta de "tiempos" para actuar con las sutilezas "tradicionales" de las clases políticas usufructuarais del poder, aun cuando no sean gobierno; (2) la necesidad de "asegurar" los negocios que les permita una significativa fortuna para paliar la lejanía del poder; y (3) cumplir compromisos que les "garantizaron" llegar a ser gobierno, y cuya impaciencia de los operadores externos ante la eventualidad de que los procesos electorales en ciernes desplace a "gente de confianza" y sean reemplazados por gobiernos no tan "dóciles", les resulta algo inadmisible. De allí que a partir del escenario o escenarios sugeridos, las prisas no son "caprichos de púberes", sino la percepción de que "su" futuro –no del país- estaría en juego sin el apoyo de los "hacedores" de gobierno de turno, por lo que las posiciones soberanas y nacionalistas no significa para ellos sino un gran lastre. No otra cosa significa que, personas con evidente capacidad técnica e intelectual, remen a contracorriente de propuestas razonadas y razonables. Que antes que confrontar, exponiendo argumentos, opten por hacer declaraciones o suscribir pronunciamientos de apoyo al gobierno cuyo lema es: Sí o Sí.

Sobre democracia y "volatilidad" del voto...

Un artículo de Ignazio De Ferrari, insertado en la página web "Perú Político" y que hace referencia al comportamiento del electorado peruano, me motiva a hacer algunas reflexiones sobre el tema. Sobre el particular, él plantea la siguiente conclusión o tesis: "El Perú es, en el campo electoral, uno de los países más volátiles de Latinoamérica...", en cuyo sustento nos refiere que: (1) "...Eso se debe principalmente a la escasa capacidad de representación de los partidos políticos...", y (2) "... El votante, al no encontrar una organización que le permita canalizar sus demandas hacia el estado, cambia sus preferencias de elección a elección". En principio, mi intención no es contrariar totalmente la conclusión, sí la de hacer algunas precisiones que permita ampliar las explicaciones incluidas y tratar que la misma se inserte en una realidad política que a veces no es fácil aprehender y que condiciona el comportamiento electoral de la población.

Desde luego, y previo a ello me permito algunos comentarios: (1) No encuentro una explicación puntual sobre que entiende por volátil o voto volátil; sin embargo, por lo referido podría asumir que se refiere a un comportamiento díscolo del electorado. Precisar ello es importante porque es una conclusión, cuyos conceptos deberían ser claros, en lo posible. (2) Por otro lado, al sostener que "... Eso se debe principalmente a la escasa capacidad de representación de los partidos políticos...", el asunto se hace menos claro. Asumo que trata de establecer una relación directa entre nivel de discernimiento[*] de la población y el grado de organización política representativa (partidos). En tal caso, ello merecería otra explicación. (3) Con respecto a que "... El votante, al no encontrar una organización que le permita canalizar sus demandas hacia el estado, cambia sus preferencias de elección a elección". Asumo que se refiere a las preferencias personales sobre el candidato, en cuyo caso queda sin relación lo referido a las demandas frente al Estado, por lo que el tema de la "volatilidad" se aleja de la conclusión.

Con relación al tema, y si consideramos que las referidas explicaciones sobre la "volatilidad" del electorado estarían mas vinculadas a la percepción, por lo general inducida (titulares, artículos, encuestas, etc.) hacia las candidaturas y menos al hecho evidente de que la actitud o comportamiento tenga relación causal con la voluntad política de mantener un proceso de desorientación de la ciudadanía, podemos agregar que un enfoque sobre la "volatilidad" del voto debe tener en cuenta los mecanismos que operan en tal sentido. Ello permitiría entender que, a la ciudadanía le es difícil ejercer adecuadamente su derecho de elegir, particularmente cuando no está debidamente "preparada" y por lo tanto tiene dificultad por discernir entre propuestas y candidaturas, de manera tal que identifiquen si la motivación de las propuestas se asemeja a problemas que le son comunes y esperan se conviertan en soluciones.

En tal sentido, los partidos debidamente organizados y expresión de políticas que tienden -de manera amplia- a promover el bienestar de la población, y por lo tanto representativos de sectores del electorado que se siente identificado con sus propuestas, son instituciones en cuyo seno se debe o debería: (a) orientar al ciudadano, (b) ser centros de análisis político-social, y sobre todo (c) formadores de líderes que se desarrollen como gestores políticos calificados que hagan óptima la función de gobernar. En lo particular, el análisis de la realidad nacional sustenta la generación y viabilidad de propuestas y políticas, que sirvan de base para el consenso interpartidario y la definición de objetivos nacionales a largo plazo.

Lo dicho sobre los partidos, que trata de esbozar la verdadera razón de su existencia como tal y no el lamentable estado que presentan, obliga a la ciudadanía a demandarles que -por propia "sobrevivencia"- rescaten su misión de ser los pilares del ejercicio de la ciudadanía en un entorno democrático. Evidentemente las dudas razonables de que ello suceda, no abonan a favor de ese tipo de decisiones o conductas institucionales. Dudas que se sostienen en nuestra conocida historia política. De hecho, la realidad de los partidos políticos, si puede denominarse como tal, es sumamente crítica y se mueve dentro de una espiral de regresión que los aleja cada día del ideal de organización que todo país requiere para sustentar un proceso de gobernabilidad a largo plazo.

Asimismo, pertinente y complementario a la problemática de los partidos, se puede señalar al sistema electoral como otro de los factores que determinan la situación a superar. Este sistema, basado en procesos electorales que se realizan cada 5 años, y sin opciones de procesos complementarios (2-3 años) para el reemplazo y/o renovación de representantes, hace difícil que la ciudadanía pueda ir haciendo del derecho de elegir un ejercicio cívico permanente y cuestionador. Actualmente, es una práctica limitada y sujeta o condicionada a la parafernalia de los procesos o campañas electorales, los que se "diseñan" para favorecer la continuidad de representantes que "aseguren" el poder político. Este, en manos de grupos con conocidos intereses económico-empresariales. Para tal fin, desde luego, les es indispensable contar con el apoyo de los "medios de opinión" y las "clases políticas" para mantener aletargada a la población. Ciudadanía que en su gran mayoría, y con peso "deliberante", acude cada 5 años a votar y decidir el futuro del país... momento único que lo hace en somnolencia, atontada, aturdida... y por supuesto, proclive a la denominada "volatilidad"...

========
[*] Nivel que está relacionado -en principio- a: (1) la amplitud social y calidad de los contenidos educativos, (2) la amplitud e intencionalidad de los contenidos en los medios de comunicación "social", y (3) del interés y accionar del gobierno y las clases políticas por hacer de la democracia un sistema socialmente inclusivo.

La Convención del Mar y sectores diplomáticos...

Ante las naturales y sustentadas resistencias de grandes sectores de la población peruana, con relación a la firma de la Convención del Mar (Convemar), sectores vinculados a la diplomacia han acudido en apoyo del gobierno a través de dos pronunciamientos públicos (20.Nov.05). Uno de ellos, suscritos en conjunto por la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Actividad, la Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Retiro y la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. El otro, suscrito por los miembros de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ambos expresan su acuerdo de “... respaldar la campaña impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para informar a la población sobre los beneficios de la Convención del Mar...”; así como recomendar “... la pronta adhesión del Perú a la Convención del Derecho del Mar y abrigan la esperanza de que el Congreso de la República la apruebe”.

Asimismo, de la lectura de los pronunciamientos se observa que la línea argumental es similar y de poca profundidad sobre un tema de trascendente interés nacional. En el primero de los pronunciamientos se enfatiza que: “La Convención, que ya cuenta con 149 miembros, guarda plena compatibilidad con el concepto de dominio marítimo de 200 millas que establece la Constitución Política del Perú. En efecto, el Artículo 54° de la Constitución, fue elaborado y aprobado con el propósito de permitir que el Perú forme parte del referido instrumento internacional.”. En el segundo, se enfatiza lo siguiente: (1) “... la Convención establece principios de delimitación marítima convenientes al interés nacional”; (2) Convemar, “... ya vincula jurídicamente a 148 partes que representan la gran mayoría de la comunidad internacional, contiene normas consuetudinarias aplicables a todos los Estados, incluyendo al Perú”; (3) “Al no haberse aprobado la Convención ni sus instrumentos complementarios, el Perú se está perjudicando...”; (4) “La Convención sobre el Derecho del Mar es compatible con las disposiciones constitucionales. Los artículos pertinentes del Dominio Marítimo fueron redactados y aprobados con la finalidad de que el Perú fuese parte de ese Tratado Internacional...”. En consecuencia, sin mayores elementos que sustenten de manera precisa y concluyente los beneficios de Convemar, piden al Congreso de la República aprobar la suscripción del tratado en cuestión.

Sobre el particular, y considerando el contexto en que se debate la pertinencia de suscribir dicho documento, y dejando al margen la precisión de sí son 148 o 149 los miembros del tratado, así como de la validez de los argumentos que garantizan nuestro Dominio Marítimo, me permito hacer algunas precisiones: (1) La Constitución, establece principios básicos sobre los fines, estructura y funciones del Estado. No se redacta de manera específica para que el Perú se incluya -puntualmente- en un tratado internacional, tal como lo reconocen. (2) Si dicha redacción, ha venido siendo parte de una estrategia soterrada y ajena al conocimiento e interés de la Nación, estaríamos -como siempre- siendo objeto de la política de HECHOS CONSUMADOS. (3) Por otro lado, el que una mayoría de naciones se adhieran al tratado, no es un argumento necesariamente válido para que nos incorporemos obligadamente al mismo. En tal caso, habría que examinar si dentro de los incluidos, en particular los que son de litoral, venían ejerciendo dominio territorial sobre límites de 12 millas y no 200 millas como es el caso nuestro; en cuyo caso, quedaría claro quien o quienes hacen las concesiones de territorios marítimos mayores (200 millas) reconocidos internacionalmente. (4) Si del análisis, resultara que todos o la mayoría de los firmantes no han sido afectados en sus derechos, implicaría que dicho tratado ha venido apuntando a que sea el Perú quien tenga que ceder sus derechos a favor de naciones o intereses multinacionales que reconocen la riqueza -en sentido amplio- de nuestro mar territorial, superior inclusive al de los vecinos. (5) En los principios doctrinarios de un dominio marítimo, no solo se releva las implicancias económicas y comerciales, sino también las de carácter geopolítico y de seguridad nacional, sobre lo que no se ha hecho mención o explicado como parte de un debate integral. (6) En una situación negada, de llegarse a ceder derechos marítimos por parte del Perú, sin ninguna negociación seria y transparente, significaría no solo un atentado contra la integridad territorial, sino también poner en riesgo el futuro de nuestro país. De ello -se firme o no-, en su momento los sectores pro-Convención, que sin haber agotado el debate promueven la suscripción, deberán asumir la responsabilidad que históricamente les corresponda. Por lo demás, espero que mis apreciaciones no sean consideradas como "satanizadoras" de la Convención del Mar. Espero sí, que el debate se lleve con transparencia y sobre todo con un mínimo sentido de Patria. Desde luego, sin que ello signifique una alusión a nuestros sectores diplomáticos.

La Convención del Mar... ¡sigue la juerga!

Tal y como lo había insinuado en mi artículo: “La Convención del Mar y la Línea de Base...”, de fecha 03.nov.05, el tema específico de “La Convención...” ha sido puesto en la agenda de prioridades (¿negocios o compromisos?) del gobierno. Para el efecto, se ha desplazado -momentáneamente- de la propaganda estatal los temas del “Anillo Energético del Sur” (o exportación del gas a Chile) y el “Tratado de Libre Comercio con EE.UU” (TLC). No otra cosa significa -y una vez aprobada la Línea de Bases... - el despliegue “arrollador” de la publicidad estatal en los medios de “información”, con la finalidad de “sensibilizar” a la opinión pública (¿?) a fin de aceptar la decisión de suscribir la denominada Convención del Mar. Para el efecto y como ayuda distractiva, el caso Fujimori ha caído (¿?) de perillas. Digo nomás...

Asimismo, y como no podía ser de otra manera, el contenido del mensaje publicitario es: “Ya todos los países firmaron... faltamos nosotros” o “ Firmemos... para volver a ser líderes(¿?)...”, es bastante ilustrativo de las premuras. Así también, con evidente humor negro y para recalcar como nos ven los grandes intereses detrás del “operativo sico-social”, los expertos publicistas o patrañeros viene utilizando dibujos animados, donde cada país es un “pescadito” (por si acaso, en mi país es sinónimo de ingenuo), los cuales son del mismo color salvo nosotros que nos representan pintado de rojo y blanco... que patriótico. ¡Estoy emocionado!... ¡Viva el Perú!.

Por otro lado, y como el tinglado es bastante amplio y los “hombres de prensa” no podían ser ajenos a esta campaña mediática, la mayoría “deliberante” de nuestro representativo periodismo (prensa, radio y tv), no satisfechos con los recursos de la publicidad que reciben sus empresas empleadoras, vienen mostrando un destacado entusiasmo por la firma de la Convención del Mar. Para el efecto, vienen entrevistando a “reconocidos especialistas” en derecho marítimo, así como a “pragmáticos” políticos que están de acuerdo con el “contenido y la premura” por la tan ansiada firma.

Evidentemente, como son tan objetivos e imparciales, de vez en cuando invitan a declarar a representantes populares y autoridades, quienes si se muestran contrarios, o explican argumentos que hacen discutible y/o abren controversia sobre la firma, son pasados por el tamiz de: ¿Tienen estudios que sustenten lo dicho...?. Si la respuesta es: ¡Sí!, entonces replican: ¿Quién hizo el estudio? ¿Son conocidos? ¿Son calificados?... y llegando hasta a la famosa frase: Bueno usted sabe que el tiempo es nuestro mayor enemigo y... ¡ muchas gracias!. Claro que si están de acuerdo, no le hacen tales preguntas y además le tratan de “doctor”, “ingeniero” o cualquier denominación que realce su oportuna presencia para expresar tu invalorable opinión a favor de la Convención y “en consecuencia” ... del país.

Pero veamos el fondo del asunto. En primer lugar, si el tema no se ha discutido lo suficiente y/o si no hay un consenso respecto a los pro y contras que hayan sido adecuadamente sustentados –científica, técnica, económica y geopolíticamente-, se está asumiendo riesgos que compromete el futuro del país. En segundo lugar, y de acuerdo a lo que se conoce, no hay plazos perentorios para la firma; esto es, una fecha término. En tercer lugar, después de la sucesión de propuestas “Sí o Sí” que el gobierno viene sacando adelante a contra opinión de la ciudadanía, la premura y las circunstancias que rodean este tema, y sobre todo ad-portas de un proceso electoral que significa cambios en el gobierno y el congreso, donde se espera la llegada de políticos con más sentido de patria, resulta este tema no sólo cuestionable sino bastante sospechoso. Resumiendo, esperar no significará ninguna desgracia nacional... salvo para los promotores de la firma. ¿No le parece?.

La patraña... ¿una política de estado?

Comencemos por el principio. La patraña es una mentira o noticia fabulosa de pura invención. Una referencia falsa de un hecho, sin ningún fundamento. Asimismo, quien se dedica a la patraña, se le denomina patrañero(a). Estas personas, tiene como actividad principal la de inventar mentiras o situaciones aparentes, para crear en el colectivo social -según el caso- sensaciones negativas (temor, rechazo o ira) o positivas (aceptación o confianza), generalmente para facilitar el logro de objetivos políticos subalternos o contrarios al interés de la propia colectividad. Los patrañeros, por su propia naturaleza, tienden a acercarse a los más altos niveles de decisión (o al poder) para hacer demostración de su ingenio o habilidad para “revertir” situaciones “enojosas”. Sin embargo, para que los patrañeros puedan actuar o ser “escuchados”, requieren que entre quienes deciden se dé un grado significativo de AMORALIDAD; o si se quiere, una falta de escrúpulos. Cuanto más elevado, mucho mas amplios y perniciosos serán sus efectos.

Por otro lado, la presencia de patrañeros en los gobiernos no es nada nueva. Su desarrollo y perfeccionamiento -con mayor o menor éxito- es consustancial con quienes hacen de la política un medio único de realización personal y del poder una fuente de vida. Precisamente, son éstos personajes con su sentido maquiavélico y ajenos a la moral, quienes buscan el “apoyo” de los patrañeros. Su razonamiento N°1, es: “yo no genero la distracción ni la mentira... solo la permito”. Desde luego, si la distracción o la mentira, anula la capacidad de entender y/o participar de la población, ése no es su problema. Su razonamiento N°2, es: “Siempre habrá tontos... así es la vida”. Y si las patrañas lleva a la población a un desconcierto y/o hartazgo de la política, tampoco es su problema. Su razonamiento N° 3, es: “Ya ven... los violentistas son los responsables de la situación...”. En su infantilismo, y carencia de moral, no asumen el daño que le hacen al país... Ellos, sus patrañeros y los "comprometidos" difusores.

Es evidente que usted se esté preguntando quienes son los patrañeros. Porque a los que toman las decisiones -y los medios de difusión- ya los conoce. ¿Serán nuevos personajes?. Por supuesto que no. Son los mismos que estuvieron cerca de los gobiernos durante los últimos 30 años, personajes dedicados a actividades vinculadas al periodismo, el cabildeo congresal, la asesoría de gobierno, el marketeo e imagen política, operadores de estudios jurídicos, portavoces de gremios empresariales, la gestión de medios, gestión de agencias de publicidad, gestión de encuestadoras, el análisis “experto” de políticas,..., hasta consejeros “espirituales”. Desde luego, la mayoría de ellos vinculados en su momento y por conveniencia a los gobiernos y gobernantes que hoy desconocen y/o denostan. Personajes amorales que se encuentran a satisfacción con un gobierno y allegados que no se hacen ascos para “dar pase” a las falsedades y/o encargar la ejecución de los operativos para su difusión amplia e intensa a fin de alcanzar mayor “penetración” en el subconsciente de la población y lograr el "alineamiento" de la opinión pública.

Veamos algunas patrañas de ejemplo: (1) La interoceánica generará desarrollo y empleo en 10 departamentos..., (2) La macroregionalización, significará mayores recursos para desarrollar el interior del país..., (3) El anillo energético es una gran alternativa para el uso de nuestro excedente de gas..., (4) La interoceánica del norte (¿?) es una realidad..., (5) El TLC es una gran oportunidad de exportar nuestra producción al mayor mercado del mundo (¿?)..., (6) La Convención del Mar es una necesidad y una gran oportunidad (¿?) para el país..., (7) Los precios de los alimentos no suben... somos un país de gran estabilidad (¿?)..., (8) El PBI se ha incrementado... somos una economía exitosa..., (9) Mejorar los ingresos... es populismo e irresponsabilidad fiscal..., (10) Tenemos el mejor equipo económico... el riego-país mejora y la comunidad financiera internacional está satisfecha de los logros (¿?)... Y podríamos seguir, pero no olvide que mientras usted lee este artículo, se están “trabajando” nuevas patrañas... que se convertirán en nuevos titulares de los medios.

Radio y TV al ataque...

La vigencia de una ley -y normas complementarias- que requiere a los medios de difusión (Radio y TV), la asignación de espacios o “franjas electorales” gratuitas a favor de los grupos políticos -inscritos en el JNE-, para la difusión de sus idearios y/o programas, ha generado una “rebelión” de las empresas usuarias del espectro radioeléctrico o frecuencias radiales, agrupadas en la denominada “Sociedad Nacional de Radio y Televisión” y que involucra a los medios considerados más importantes del país, entre ellos al Grupo RPP (Radio Programas del Perú) de propiedad de Manuel Delgado Parker. Dicha rebelión, ha sido expresada públicamente mediante un Comunicado cuyo argumento central es que, se debe proceder a la derogación o modificación de la norma, debido a que no estarían en capacidad de cumplir con la misma. Así de firmes son... ¡No faltaba más!.

Lo cierto es que, como he referido en mi artículo: “El Estado: ¿Tiene herederos?” e insertado en este blog con fecha 20.oct.05, si dichas empresas tienen un valor público y comercial, es porque vienen haciendo uso de frecuencias radioeléctricas que son de propiedad o dominio del Estado. Es decir, de todos los peruanos. Y por supuesto, dichas empresas como tal y sin la frecuencia referida, no pasaría de ser un simple cascarón, sin más valor que el de sus bienes. Así de claro y sencillo. También dicen que, son empresas privadas y que como tal, “obligarlas” a brindar un servicio gratuito, atenta contra los principios básicos de la actividad empresarial y en consecuencia, una medida de esta naturaleza, deviene contraria a la Constitución. Por supuesto, es risible que los entusiastas activistas del “gobierno alterno”, el mismo que viene expropiando el Poder a los gobiernos elegidos, reclaman por la Constitución... Sin embargo, ese no sería el punto, su audacia y mañas apunta lejos... sienten un gobierno y congresistas débiles y apremiados por las “circunstancias” políticas, para NEGOCIAR...y no "perder" ganancias de campañas electorales. Así que una presión en el momento adecuado, no deja de ser efectiva... y rentable.

Pero, más allá de sus intenciones puntuales, vayamos al fondo del asunto, digamos lo doctrinario. Evidentemente, los señores propietarios de las empresas integradas en dicha sociedad, con dicha posición estarían demostrando un sumo desconocimiento, por no decir otra cosa, que: (1) la naturaleza de su actividad, es de un SERVICIO PÚBLICO prestado por empresas privadas AUTORIZADAS a hacer uso de un medio (frecuencias) del Estado; (2) dentro de dicho trato, se obligan a aplicar contenidos que no atenten contra los valores esenciales de nuestra NACION; entre ellos, la difusión y sostenimiento de los valores democráticos; (3) para ejercer una democracia irrestricta -como demandan-, se hace necesario que dichos medios de difusión, estén orientados dentro de los fines del Estado; particularmente, en una transparente exposición de los planteamientos de candidatos que pretenden ejercer la representación -ejecutiva o legislativa- del Estado; y (4) el Gobierno y/o el Congreso -en representación del Estado-, y en el entendido que la restricción de recursos de los candidatos puede limitar la exposición de ideas y/o programas, y considerando el uso adecuado de las frecuencias, pueden determinar las facilidades equitativas a los grupos políticos para que la POBLACIÓN acceda y se haga un juicio de valor sobre los mismos, previo al momento de la elección.

Dichos actos, ejercidos sobre la base de la defensa de los valores básicos de la Nación, no pueden ser considerados jurídicamente INCONSTITUCIONALES. Ni mucho menos. En sentido contrario, SI LO ES, que empresas privadas dedicadas a la actividad de Radiodifusión, que usufructúan un bien inalienable del Estado, se consideren en sentido estricto una sociedad mercantil. No se trata de una panadería, ni una fábrica de tejidos o un restaurante, donde el Estado no mantiene una relación directa en salvaguarda de un bien concedido (frecuencia). Dichas empresas, de requerírsele que entreguen sus productos gratuitamente para una campaña electoral o grupos políticos en particular, ello sería no solo ilegal sino aberrante. Pero, si es CRITICABLE y merece nuestro total RECHAZO que los medios de difusión (Radio y TV), que por lo general se muestran deliberantes en la política, y que practican un permanente “bloqueo” –aún cuando se ofrece el pago- a planteamientos que no son afines a los intereses mercantiles de la empresa de radiodifusión o de sus mentores y/o clientes mas importantes, se pretendan VICTIMAS y argumenten un supuesto atentado contra el ejercicio de la actividad privada... ¡Si no serán!.

Sobre el gobierno y el poder...

Tal y como he referido en varios artículos -de opinión o punto de vista- en éste blog, el presente tiene la finalidad de motivar un acercamiento a la realidad y explicarnos las situaciones económicas, políticas y sociales que atraviesan nuestros países, así como entender que la correspondencia entre gobierno y poder no es necesariamente directa. Es decir, quienes acceden al gobierno del país, por lo general después de un proceso electoral, no necesariamente acceden al poder. Precisemos, entendemos GOBIERNO como el colectivo político que asume la gestión de la estructura administrativa -de las instituciones- del Estado; y al PODER, como la capacidad de hacer una cosa o de imponer a otras una actuación determinada, o en una acepción más amplia, es la "suprema potestad, rectora y coactiva del Estado".

Asimismo, y desde una perspectiva temporal, el Gobierno carece de continuidad, es transitorio y su periodo de permanencia está establecido en el marco jurídico constitucional del Estado. En cambio el Poder, como facultad intrínseca para hacer posible la gestión del Estado y delegada al Gobierno en ejercicio, es permanente. Podemos entonces concluir que, un colectivo político -partido, movimiento o alianza- que asume la conducción del Estado, como Gobierno, hace uso de la facultad "rectora y coactiva" que la naturaleza de su función demanda o requiere.

Sin embargo, la existencia en la sociedad de instituciones y/o grupos organizados, básicamente de naturaleza jurídico-empresarial, en su proceso de consolidar su "dominio" y mantener sus ventajas y beneficios económico-finacieros, obtenidos durante el tránsito de gobiernos que declinaron su función rectora y la finalidad del Estado -promover el bienestar colectivo-, ha hecho posible la constitución de un "gobierno alterno" de naturaleza permanente, que convive y "condiciona" el accionar de los gobiernos elegidos y... transitorios.

Dicho "gobierno alterno", estructurado y conducido por empresarios y/o estudios jurídicos, mantiene una red de "operadores" o agentes institucionales (funcionarios y/o asesores), que bajo la modalidad de "lobbies", facilitan a los demandantes de sus "servicios", tales como inversionistas y/o empresarios (nacionales y extranjeros) la generación de las normas legales necesarias que se convertirán en facilidades o ventajas para eludir o exonerarse de tributos, adquirir patrimonio del Estado a precios irrisorios, resolver procesos (judiciales y administrativos) a su favor, eliminar competidores, destruir (económica y moralmente) rivales, proteger "su" mercado de la competencia calificada, instituir y mantener posiciones de dominio para sus productos y/o servicios públicos, y ... todo lo demás que usted está pensando.

Evidentemente, el poder económico-financiero que manejan, les permite incorporar en su red de poder, no solo a medios periodísticos (diario, radio y tv) que conocen y buscan participar de los beneficios que genera el "gobierno alterno", sino de manera particular a miembros del Poder Judicial que aspiran a cargos elevados, miembros del Congreso que buscan reelección, y otros que lo hacen para "vivir bien". En cuanto a ejemplos de su accionar, tenemos incontables a través de nuestra historia, siendo los mas recientes el proceso de "privatización". El mismo que, con el argumento de que el Estado no debe intervenir en actividades económicas, se ideó y se hizo -y se sigue haciendo- una gran subasta y descapitalización del Estado, lo que ha dado lugar a que las actividades o empresas estatales más rentables del país, se transfieran por montos irrisorios -y "limpieza" de personal- a manos de los grupos de "poder" o a sus clientes-asociados, montos que han sido recuperados antes de los 5 años de operación. Y ello, sin considerar los ya "famosos" contrato-ley, que les brindan "seguridades jurídicas" y tratamiento tributario especial (menor pago de tributos).

Por otra parte, y para considerar sus alcances, dicha estructura de "gobierno alterno" de carácter nacional, se articula para "afrontar" negocios específicos, en el ámbito latinoamericano e internacional, con estructuras similares de otros países, a través de y/o con la participación directa de los "reconocidos" Estudios Jurídicos. Estos entes, centro y/u operadores-beneficiarios del poder, no solo crean y establecen un marco jurídico ad-hoc, sino también tienen activa participación en la política deliberante. Dentro de los casos "deliberantes" podemos señalar: (1) promover e impulsar candidaturas para miembros del Ejecutivo y Legislativo, (2) designación de Magistrados y Funcionarios del "más alto nivel", y (3) promover e impulsar Acuerdos o Convenios Internacionales, según encargo de intereses multinacionales. Pero una observación. No todos los entes jurídicos referidos actúan siempre de acuerdo... también confrontan y hace valer su "peso" o control; por decir, "X" Ministros, "Y" Congresistas, "Z" Jueces... Luego, establecida su importancia, vuelven a su negocio compartido. Y como siempre... estimado lector: ¡Bienvenido al Mundo Feliz!...

Convención del Mar y Línea de Base...

A raíz de los sucesos periodísticos, con respecto a la “incomodidad” y rechazo del gobierno chileno a la aprobación de una norma que legisla sobre el dominio marítimo peruano, me he remitido a la lectura del dictamen sobre el proyecto de Ley “Línea de Base para el Dominio Marítimo” que está a punto de ser aprobado por el Congreso de la República. Por supuesto, ir a las fuentes del “problema”, no es mal hábito; aún si no se es un especialista o algo parecido. Resulta que de la lectura referida, he salido con algunas “dudas razonables”, particularmente sobre la vinculación entre la aprobación de la “Línea de Base...” y la suscripción de la “Convención del Mar”. Un tema del cual aún no está todo dicho y que, por lo establecido en los debates, tiene relación con grandes intereses económicos que van más allá de los del Perú y Chile.

Si así fuere, y la intención es preparar las condiciones jurídicas -irreversibles- para facilitar la suscripción de la “Convención del Mar”, entonces toda la confrontación mediática que enfrenta a peruanos y chilenos, no dejaría de ser sino una maniobra de distracción a gran escala y que estaría involucrando operadores políticos y financieros de ambos países. En verdad, quisiera equivocarme y pensar que me excedo en desconfiar de honestos políticos. Pero, asumiendo mi exceso, he buscado algunas razones para establecer que parte o beneficio le corresponde a los “actores” que estarían haciendo un excelente papel de “arrebatados” defensores de los intereses nacionales.

Vamos por partes. En el caso de Chile, hace mucho tiempo que definió su “dominio marítimo”, que llega inclusive cerca de Australia, agregando proyecciones del mismo hacia la Antártida, con lo que su presencia en el Pacífico Sur está casi consolidada, por decir lo menos. En cuanto al Perú, el tema del “dominio marítimo” ha sido postergado una y otra vez, “condicionados” a injustificables reservas respecto a: ¿Qué dirá Chile?... o algo similar. Por lo que traer el tema a un escenario donde Chile juega a la “fuerza”, conociendo su rol de operador -por natural conveniencia- de intereses transnacionales, no dejaría muchas dudas sobre el “pan con pescado” que preparan los grupos de poder de Perú y Chile a favor de quienes promueven la “Convención del Mar”, como medio de ampliar a dichos intereses su acceso a los recursos mineros marinos peruanos, esencialmente. No olvidemos que la territorialidad y dominio efectivo del Mar del Perú, como solemos llamar, se reduciría a 12 millas (de las 200 millas actuales).

Ahora bien, el exponer mis “dudas razonables”, no me hace menos nacionalista ni despreocupado por los intereses de mi país... ni tampoco un "pro-chileno". Lo aclaro por si acaso, y por conocer a los “pescados” peruanos, a quienes no les interesa rebatir contenidos sino la posibilidad de descalificar al que expresa opinión. Sobre todo, si se les pone en riesgo su “gran negocio”. Tampoco pienso que el tema del dominio marítimo peruano sea algo intrascendente y que debemos dejar sin resolver. Pero separemos las cosas, porque algo... NO HUELE BIEN.

Después del Referéndum...

Un artículo publicado (02.Nov.05) en el diario “La República”, cuya autoría es de la periodista Flor Huilca, trata de sustentar el “sombrío” futuro que le depara al proceso de Descentralización-Regionalización, luego de que en la consulta popular del pasado domingo, se ha dado un resultado negativo o de oposición a las propuestas de integrar 16 regiones-departamento en 5 nuevas “regiones” (léase macroregiones). Dicho pronóstico se sustentaría en “insalvables” limitaciones para acceder a mayores recursos presupuestales “... debido a que no podrán generar sus recursos propios y tampoco accederán a créditos internos sin tener el aval del gobierno nacional” y en razón de que dichos “....incentivos estaban considerados sólo para las regiones unificadas”. Ergo, no hay integración... no hay incentivos... no hay más recursos... no hay autonomía. Parafraseando un comercial, diríamos: ¡Si la vida fuera tan simple!.

En todo caso, parece que el libreto de los incentivos se ha grabado más en la mente de los “formadores” de opinión, que en la misma población. Hasta ahora –resultados por medio-, no entienden que el Perú es departamentalista. Así que, si ello es anacrónico o no, sigue siendo una realidad a cambiar, y para lo cual se requiere un mayor acercamiento a las poblaciones para ir buscando consensos sobre la base de propuestas que las hagan suyas y/o compartan con la de poblaciones vecinas. Que el proceso demanda tiempo; desde luego. Pero... acaso no hemos desperdiciado 4 años en pretender una vía condicionada y coercitiva cuyos resultados eran previsibles.

Sin embargo, creo que más allá de las capacidades o aptitudes para entender nuestro país, en particular de quienes toman decisiones “por nuestro bien...”, los resultados nos obligan a nuevos retos para impulsar y consolidar el proceso de descentralización. No se trata de buscar responsables y/o vincular un tema serio a los cálculos políticos o situaciones electorales. Se trata, de ir hacia delante y reconocer que el tema ha sido mal planteado, sea por el desconocimiento o soberbia de técnicos y/o políticos que nunca -o muy poco- han laborado en el interior de nuestro territorio. Si lo hubieran hecho, tendrían una mejor perspectiva -amplia y proactiva- sobre nuestra realidad y, desde luego, distante de un academicismo cada vez más infructuoso y pernicioso para construir NACIÓN.

¿Es el presupuesto un factor clave del desarrollo de las regiones y posterior integración en espacios geoeconómicos mayores y complementarios?... Mi respuesta, al margen de los criterios “vigentes”, es que NO. Y no lo es, por una sencilla razón: Si no hay capacidad técnica y de gestión en las actuales administraciones regionales, los recursos presupuestales, por muy elevados que sean, se usarán inapropiadamente. Y ello no tiene nada que ver -necesariamente- con el “mal uso” de los mismos; si no con el diseño, formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión que reorienten los esfuerzos –públicos y privados- en el uso racional de los recursos disponibles, hacia la finalidad de incrementar la capacidad productiva (bienes y servicios) y en consecuencia generar empleo e ingreso para la población.

De allí que, y solo para motivar el tema, puede alguien decirnos que ése aspecto clave ha merecido la atención del o los gobiernos. Pueden decirnos si se han asignado recursos fiscales, de canon, regalías u otros, para ampliar y/o mejorar la provisión de técnicos y/o gestores calificados en las Administraciones Regionales vigentes. Acaso se piensa que se puede ser eficaz y eficiente con una estructura total (100%) de personal, donde solo un 15% son profesionales relativamente calificados. Acaso se han establecido normas para que los gobiernos regionales, cuyas funciones y atribuciones son mayores a la de los CTAR’s, y que están operando con el personal que tenían éstos organismos, se les permita ampliar plazas profesionales. Creen que con funcionarios contratados, mal remunerados, sin estabilidad y con recambios de 4 a 6 meses, pueden desarrollar ideas o propuestas siquiera de corto o mediano plazo. Por favor... ¡No le pidan peras al olmo!... Y tampoco se excedan en culpar a los presidentes regionales. Ellos, con sus limitaciones, también hacen lo que pueden... No exageremos...

Peru y Chile: sobre Halcones y Palomas...

El presente artículo, inserto en la edición online (01.Nov.05) del diario "El Mercurio" de Chile, trata de explicar el tema de la fijación -por parte del Perú- de las "Líneas de Base" para la delimitación de la frontera marítima con Chile. Asimismo, y como es muy posible que los medios peruanos no le den prioridad al asunto, se los presento para su buen entender. En cuanto a comentar la entrevista, solo me permito resaltar que la "línea argumental" se sostiene en: "El que calla... otorga" o "Si no reclamastes...¡Piña pués!". Evidentemente, dicha decisión soberana de nuestro país, ha contrariado los ánimos de nuestro vecino, y "culpa" de la decisión a los "halcones" peruanos (leáse nacionalistas... como yo); por lo que debemos entender que nuestros amigos de Chile han venido acostumbrándose -y reclaman- a tratar con las "palomas" peruanas (leáse pacifistas, neoliberales o globalizados)... ¡Sorpresas te dá la vida...!

PATRICIO GONZÁLEZ CABRERA.- Inadvertido en Chile pasó inicialmente el acuerdo que tomó el 27 de septiembre pasado el consejo de ministros del gobierno del Perú para definir su frontera marítima a través de una ley orgánica denominada "Lista de las coordenadas de los puntos contribuyentes del sistema de líneas de base del litoral peruano".

Sin embargo, el proyecto de ley N.o 13.905 enviado el 17 de octubre bajo el oficio 105-2005-PR y firmado por el propio Alejandro Toledo y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kauczynsky, encendió todas las alarmas dentro de la diplomacia chilena, más cuando el lunes 25 de octubre pasado la comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad en Lima.

En líneas generales, esta futura ley -de acuerdo a Chile- contradice todo lo establecido por los acuerdos de límites marítimos firmados con ese país. Según Lima, en cambio, sólo constituye una legislación interna que pone en papel los derechos que siempre han tenido sobre el "Mar de Grau".

Las razones del porqué Toledo ha llevado este tema a un extremo no se saben, aunque se especula que es la culminación del trabajo realizado por el grupo de "halcones" o nacionalistas que componen su gobierno que, sin argumentos jurídicos para acudir a tribunales internacionales, planificó y logró imponer un diferendo a Chile.

A continuación las principales preguntas y las respuestas que fueron elaboradas consultando fuentes de la Cancillería y a la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante.

1 ¿Existe un tratado de límites marítimos con Perú?

Sí, porque de acuerdo al Derecho Internacional tienen la calidad de tratados todos los convenios, acuerdos o convenciones en que dos o más estados expresan su voluntad y generen efectos jurídicos para las partes.

En este plano, la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, así como las actas bilaterales de 1968 y 1969, donde se estableció que el límite marítimo de Chile y Perú es el paralelo y no la línea equidistante, son tratados internacionales plenamente válidos.

2 ¿Qué evidencia que Perú compartiera que el paralelo delimita el mar?

Estos tratados arrojan que Perú ha considerado por 50 años que el paralelo constituye la base de la línea divisoria marítima.

En la Declaración Marítima de Santiago de 1952, en su artículo 3 inciso II, estableció que "como consecuencia de estos hechos, los gobierno de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas".

Luego en el inciso IV se deja en claro que los tres países firmantes consideran el paralelo geográfico como límite al suscribir que "si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviese a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos".

Posteriormente, en el Convenio de Zona Especial Fronteriza, Marítima, firmado en Lima el 4 de diciembre de 1954, entre los mismos países, su artículo primero nuevamente ratifica que se está trabajando sobre la base del principio del paralelo al decir: "Establécese una Zona Especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países".

3 En la práctica, ¿Perú dio por zanjado el tema del límite marítimo?

Sí, porque estos dos acuerdos fueron respetados durante 50 años. De hecho, fueron complementados por las actas bilaterales de 1968 y 1969 que materializaron "el paralelo de la frontera marítima que se origina en el Hito N. 1" (26 de abril de 1968).

A raíz de esa comisión mixta, se instalaron dos faros, uno a cada lado del Hito 1, que es el punto desde el cual se proyecta el paralelo que divide el mar de Chile y de Perú. La función de estos faros era advertir al navegante si traspasaba el límite marítimo.

Expertos chilenos afirman que, además, Perú ha actuado asumiendo que el paralelo es la base de la delimitación marítima. Así lo hizo en la propuesta peruana de 1976 para una salida al mar de Bolivia, como en un Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, y también en el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate de la Contaminación del Pacífico Sudeste de 1981 y cuando ha participado en ejercicios navales de Unitas.

4 ¿Cuándo comienza Perú a levantar el tema del limíte marítimo?

Tras la Tercerca Convención del Mar (1982), ratificada por Chile y no por Perú, surge un grupo de intelectuales en Lima cuestionando la frontera marítima.

Fujimori, sin embargo, no lo consideró un tema pendiente cuando los abordó con Frei en 1999, para terminar de cumplir con los acuerdos suscritos en el Tratado Chileno-Peruano de 1929.

5 ¿Qué está pidiendo cambiar Perú?

Desde el comienzo de la administración de Alejandro Toledo, ha pedido redefinir la frontera sobre la base del principio de la línea equidistante que considera más justa. Ésta es una línea cuyos puntos están a la misma distancia de las costas de un país y del otro.

Ante la negativa de Chile de negociar en 2004, impulsó esta ley especial de "líneas base" que establece el principio de la equidistancia, por sobre el del paralelo, a partir de un punto que mueve la posición del Hito 1 en 230 metros al sur.

6 ¿Cuál es la diferencia con que el límite sea una proyección del paralelo?

Según los peruanos, el actual sistema restringe las aguas costeras del sur del Perú, ya que por la proyección del paralelo desde Arica, se forma un triángulo que casi deja sin mar a la provincia de Tacna. Además, le impide proyectar las 200 millas hacia el mar desde todas sus costas (ver info).

7 ¿Hay una pérdida económica para Chile?

De acuerdo a la nueva ley peruana, Chile pierde más de 30 mil kilómetros cuadrados de mar. Además, el hecho de correr el hito en forma unilateral presenta una pérdida de territorio.

8 ¿El principio de la equidistancia está establecido en la Convención del Mar?

No establece ningún criterio obligatorio o prioritario, sino que prima el acuerdo entre las partes y señala que el mar territorial no puede extenderse más de 12 millas desde la costa si no hay acuerdo. Y en la zona económica exclusiva tampoco hay ninguna mención a la equidistancia.

9 ¿Hay un interés político peruano detrás?

Efectivamente hay un malestar porque Perú nunca va a aceptar cualquier arreglo de Chile y Bolivia en esa zona. Además, ha sido una constante política de Toledo -con un respaldo que apenas llega a 14%- generar conflictos con Chile, buscando dividendos internos. Así se demostró al acusar al país de armamentista por haber comprado en 2002 aviones F-16, a pesar de que después el ex ministro de Defensa peruano David Waisman reconoció que desde 1997 su país operaba misiles avanzados.

Luego vinieron los conflictos por Lan Perú, el caso Lucchetti y los grafiteros. Pero los más conflictivos fueron el escándalo que generó Lima cuando volvió al tapete la venta de municiones a Ecuador en 1995 (tema zanjado en esa época) y la elección en la OEA, donde fustigó fuertemente la figura del candidato chileno José Miguel Insulza.

10 ¿Por qué se involucra ahora el Congreso peruano?

Es una hábil maniobra de Toledo que logró introducir el tema fronterizo en el Congreso y, a la vez, imponerle a Chile un conflicto que ha evitado desde hace seis años.

11 ¿Cuáles son las consecuencias de que el Congreso apruebe el proyecto?

Chile quiere dejar en claro que con esta ley Perú establece el precedente de que se pueden modificar los tratados limítrofes con normativa interna, lo que es rechazado por el derecho internacional. Además, puede provocar situaciones de facto, como el paso de pesqueros a aguas territoriales chilenas o incluso que Perú entregue en concesión a empresas extranjeras las mismas aguas, provocando conflictos.