Pisco Peruano: un reconocimiento pendiente

La permanente lucha de nuestro país por hacer prevalecer en el mercado internacional la denominación de origen del PISCO, es a la vez una historia de continuos desaciertos por parte de gobiernos y funcionarios que persisten en el error de disputar sólo el nombre de Pisco sin haberlo integrarlo al proceso de elaboración como un todo. Me explico. El Pisco es un licor que se obtiene del zumo de uva fermentado (mosto) -principalmente de la variedad Quebranta-, a través de un proceso de precipitación a temperatura controlada en alambiques o falcas. De allí que, cualquier licor o producto alcohólico obtenido por proceso similar, puede denominarse PISCO. Tal como sucede en diferentes zonas o valles del Perú y sobre lo cual no hay mayor discusión.

En dicho proceso, lo más importante es que el promedio del nivel alcohólico del producto obtenido es de 43 grados y APTO para el consumo humano. Asimismo, se puede señalar que desde la siembra de la uva hasta la obtención del PISCO, se sigue un proceso completamente ecológico. En el caso del verdadero Pisco -originario del Perú-, no hay mezclas con aguas ni destilación industrial a altas temperaturas que eliminan o alteran los aceites esenciales (olor y sabor) contenidos en la uva.

Sin embargo, lo que se produce en Chile es una mezcla de alcohol de uva con agua (bidestilada). Alcohol que es obtenido a partir de un proceso industrial de destilado de mostos (frescos o no), y que llega a superar los 95 grados. El producto, debido al proceso utilizado, carece de los aromas y sabores que son característicos del PISCO (y según el tipo de uva). Pues bien, como es evidente que no se puede consumir como licor un alcohol con dicha graduación, los industriales y/o destiladores se ven obligados a realizar las mezclas y rebajar el nivel alcohólico (38-45 grados), según los gustos y paladares de los clientes de la mezcla alcohólica. Mezcla que obstinadamente denominan Pisco, cuando es evidente que son dos procesos y productos altamente diferenciados. De allí que asume un alto grado de impertinencia y/o menosprecio que, funcionarios y/o autoridades peruanas (¿?), promuevan y/o se entusiasmen con la posibilidad de hacer una “alianza estratégica” con Chile para comercializar ambos productos como si fueran similares. Si serán...

Ahora veamos otro aspecto del tema, y no menos criticable viniendo de nuestros responsables de gobierno y/o funcionarios “defensores” del PISCO. Se trata de que NO se puede plantear una defensa si no se tiene claro o por lo menos una adecuada idea de que se está cuestionando o defendiendo. En particular ante los organismos internacionales de comercio, propiedad intelectual y/o estándares productivos. Una defensa -negligente- basada en una línea argumental parcial -y ajena a nuestro sentir nacional- que, muy por el contrario, y haciéndole el juego a nuestros siempre honestos vecinos, se insiste sobre la denominación de PISCO sin integrarlo al proceso de elaboración.

Resumiendo; si deseamos el reconocimiento de la denominación de origen (PISCO), es el Perú a quien le corresponde dejar establecido a niveles internacionales, cual es el proceso de fabricación del PISCO. Con ello, se evitará que Chile siga comercializando su mezcla alcohólica con dicho nombre -aún en su territorio-, lo que evidentemente afecta y deteriora internacionalmente la imagen y comercialización de un producto de calidad y originariamente PERUANO. Ello sentará un precedente tal que, si un país cualquiera (incluido Chile) desea dedicar parte de su producción de uvas para fabricar PISCO, podrían hacerlo siguiendo los procesos estandarizados y registrados en el Perú por INTINTEC. A partir de dicho reconocimiento, sería pertinente y aceptable que usen la denominación: PISCO del Ecuador, PISCO de Colombia, PISCO de Chile, etc. Asimismo, y en cuanto al nombre de origen, una vez registrado y difundido el proceso, lo que asumo (por cierto decoro) no ha hecho Chile, el reconocimiento internacional de nuestro HISTÓRICO producto cae por su propio peso...

TLC Perú-Chile: ¿haciendo lo correcto...?

La reciente firma de la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica Perú-Chile (ACE-N° 38), que modifica y/o agrega una serie de compromisos establecidos desde la fecha (22.Jun.98) de suscripción del documento base, al no haber sido suficientemente difundido, ha afectado el nivel de transparencia que todo compromiso de gobierno debe mantener.

En tal sentido, y sin ánimo de adentrarme en la crítica de los elementos específicos de tal "Acuerdo Ampliatorio", deseo incidir en el contexto en que se desenvuelven las relaciones bilaterales. De allí que, conocida y hecha explícita las estrategias geopolíticas -debidamente planificadas- del Estado chileno, dentro de las cuales las comerciales-financieras son un soporte clave; tanto como por declaraciones -y entrelíneas- del “más alto nivel” en ambas partes, se puede recoger y examinar algunas implicancias de este apresurado y poco conocido Acuerdo Ampliatorio o “TLC” con Chile.

Evidentemente, la pregunta previa tiene que ver con los entretelones de las negociaciones y como se llega a una situación donde, un acuerdo sin mayor prioridad para el gobierno saliente, se convierte en una decisión política imprescindible o muy importante para la actual gestión. Una decisión que estaría contradiciendo los pasos previos -y reconocidos- respecto a articular lazos más estrechos con Brasil, habida cuenta de los elogios que se viene haciendo a la denominada Transoceánica como medio de integración económica, así como la de limitar la "presión" de parte de los intereses e inversiones chilenas dentro de nuestra economía. Ello, como base para la implementación y/o consolidación de una estrategia de compensación y de apertura de escenarios continentales de negociación... en condiciones -por lo menos- equitativas.

Ahora bien, y si analizamos con cierta malicia el escenario creado con el "TLC" Perú-Chile, a nivel de Ejecutivo de ambos gobiernos, tendríamos -para comenzar- lo siguiente: Chile, obtiene las garantías de que sus inversionistas e inversiones no serán cuestionadas por “razones políticas”, cualquiera sea su actuar en el país. Ello implica de hecho, un tratamiento diferenciado ante los tribunales nacionales; es decir, Chile asegura sus 4,500 millones de dólares invertidos en el Perú -en rubros comerciales y bancarios-, mientras el Perú asegura sus 20 millones de dólares invertidos en restaurantes y otros. Asimismo, y aunque no está explicado el tema de la asociación de inversiones entre peruanos y chilenos, y a tenor de las conveniencias del sistema de AFP’s peruanas, asumo que dichas asociaciones serán tratadas como sujetos de financiamiento con fondos de nuestras AFP’s, con lo cual se “evade” la normatividad nacional, en cuanto a límites de inversión en el exterior. Y agrego; también sería una de las razones para que se haya "retrocedido" en el tema de la Desafiliación... en la medida que los fondos actuales de las AFP's estarían “comprometidos” en el marco del Acuerdo Ampliatorio.

Además, y tan importante como lo señalado. Es que con nuestros capitales... de los actuales y futuros pensionistas peruanos. Los inversionistas chilenos podrán financiar una infraestructura de aprovisionamiento en el Perú, para sostener sus propias necesidades y objetivos nacionales. Para empezar, (a) consolidar su rol de operador financiero en el cono sur del continente, (b) La de cumplir con las demandas o compromisos creados con sus TLC’s en el mundo, especialmente de producción agrícola peruana -exportable como chilena-, (c) asegurar un aprovisionamiento energético (gas y etanol) desde el Perú, (c) la propiedad de líneas aéreas y puertos, etc, etc. ...para comenzar. Mientras, seguimos aún dando largas por una necesaria e imprescindible decisión sobre el CEPLAN y la formulación de un Plan o Proyecto Nacional... cuyo marco ha de orientar las estrategias de desarrollo interno e inserción en el contexto continental. A menos, claro está, que todo el apresuramiento se haya determinado al más "alto nivel" -que no necesariamente es el Gobierno-, donde hay un convencimiento que en las relaciones con nuestro vecino -en principio-, el rol que nos corresponde es de país complementario... o subordinado.

El “TLC”, Hernando de Soto y decisiones políticas

La decisión de acelerar y/o asegurar la aprobación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU., y erróneamente denominado Tratado de Libre Comercio (TLC), ha desembocado en la designación de Hernando de Soto como representante personal del presidente Alan García ante las instancias legislativas norteamericanas. Designación que no se limita a la aprobación del acuerdo comercial, sino que también involucra aspectos de política económica y modificaciones institucionales en el aparato del Estado, a tenor de las declaraciones del mismo señor de Soto.

Sin embargo, y previo a precisar dichos aspectos, me permito señalar que el punto de partida o referente sobre la necesidad de conseguir la aprobación del “TLC”, es el convencimiento del señor de Soto -tal como lo ha expresado-, que el TLC tal como está planteado es una solución a la problemática de pobreza en nuestro país... y de hecho, un buen acuerdo. De allí que su misión no sea la de observar o cuestionar su contenido (“...al TLC no le tocaremos un pelo.”), sino la de hacer lobby para lograr su aprobación. Pero, tan locuaz él, ha dejado muy en claro que dicho acuerdo “...solo beneficiará al 2% de las empresas nacionales”.

Lo anterior, que considero sumamente grave. No puede ser tomado como un desliz emocional. En particular porque implica una ácida –y descalificadora- crítica al “Equipo negociador”, toda vez que haber negociado durante tres años un acuerdo comercial para beneficiar sólo al 2% de las empresas nacionales, no es de ninguna manera un logro destacable y por lo tanto reafirma la posición de quienes siguen cuestionando el “TLC”. En todo caso, intuyo dos situaciones: (i) que no se haya percatado de su flagrante contradicción, o (ii) que no tenga ningún interés por la naturaleza y alcances del “TLC”. En este caso, su interés personal e institucional estaría orientado a que la misión encargada -de buena fe-, le permita una significativa cuota de poder en el gobierno y redunde a favor de su imagen y naturales expectativas.

En tal sentido, sus declaraciones sobre la necesidad de modificar o agregar organismos a la estructura del Estado para hacer operativo, funcional y beneficioso el “TLC”, no es sino una suerte de propuesta carente de seriedad. Y no es serio, porque sería un absurdo ir adecuando la estructura del Estado a todos y cada uno de los acuerdos comerciales que suscribamos, y cuya naturaleza y fines son específicos. Por otro lado, es menos serio aún, tratar de inducir un enfoque de cambios estructurales (o reforma del Estado), sin haberse definido los grandes objetivos nacionales, regionales y sectoriales, a través de un Plan o Proyecto Nacional. El mismo que sirva de marco orientador al desarrollo interno, así como sobre la naturaleza de las relaciones internacionales, comerciales o no.

Ahora bien, el espacio que se le va a entregar al señor de Soto, va a significarle al gobierno del señor García, y al país desde luego, un serio factor de inestabilidad. Inestabilidad resultante de un escenario en que las expectativas de importantes sectores de la economía -influenciados por el eficiente mercadeo mediático que rodea al señor de Soto-, confrontadas con iniciativas mal concebidas y difícil de implementar, han de llevar a que sea la figura presidencial -y luego el partido aprista- quienes se vean responsabilizados de una suerte de “falta de apoyo” al fundador y operador internacional del ILD, quien a no dudar busque en su momento una salida nada elegante del escenario político. Salida que, dicho sea de paso, ya es bastante anunciada.

Francia, EE.UU., Islamismo y Cristianismo (¿?)...

Desde antes del trágico 11 de septiembre -hace 5 años-, y quizás desde la elección de G.W. Bush, la agenda de la política exterior norteamericana, además de motivaciones bélico-financieras, ha estado marcada por una tendencia moral-religiosa de naturaleza cristiano-reformista (y evidentemente, fundamentalista), que ha venido convirtiendo la lucha contra el Islamismo, en una suerte de “cruzada cristiana”, donde los puros de corazón son los cristianos-reformistas liderados por EE.UU. e Inglaterra, y los musulmanes son los impíos (o siervos de Satán), y por tanto “erradicables” estén donde estén.

Precisamente, dicho fundamentalismo religioso y recreado como una suerte de anglicanismo en EE.UU., explicaría la mediática identificación del terrorismo con el “fanatismo” musulmán. De allí que, el señor Bush y sus asociados (“pastores-políticos”), asuman que la lucha entre el bien y el mal, se materializa en la confrontación definitiva entre cristianos-reformistas y musulmanes-extremistas.

Sin embargo, existe cierto orden selectivo en dicha identificación. Para ellos (y el “mundo libre”), los musulmanes más extremistas son los Chiítas, excluyendo -por ahora- a los musulmanes Sunitas. Ahora bien, resulta que coincidentemente dicha corriente musulmana tiene una presencia determinante en tres países: Irak, Irán y Líbano. Países sobre los cuales la presión política-económica “mundial” viene siendo una constante.

Pero, la gota que tiende a derramar el vaso, ha sido la invasión israelí al Líbano -pretextos aparte- y que ha significado una posición endurecida de Francia, con quienes los libaneses tienen vínculos tradicionales. Además de una consideración poco explicada. Que dentro de la población francesa -nativos y naturalizados-, la comunidad musulmana representa el 10%. Lo cual, aparte de vínculos nacionales, implica un gran peso político disuasivo.

De allí que la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establece una -no muy clara y tardía- suerte de tregua y/o retiro de las tropas israelíes, luego de la ofensiva devastadora que ha afectado las bases del desarrollo libanés, no puede ser tomada sólo como un acto de justicia internacional y/o respeto a la autodeterminación, sino como una advertencia de moderación por parte de Francia. En todo caso, queda pendiente dilucidar con amplitud, cual es el alcance e impactos sobre la comunidad internacional de la estrategia militar-religiosa de los EE.UU. de... G.W. Bush y Condoleezza Rice.

LAN, TANS y AEROCONTINENTE... o sobre Subsidios y Competitividad

Una reciente disposición legal, que exonera del impuesto a la emisión de pasajes aéreos cuyo destino y partida es Iquitos, nos pone -una vez más- ante la disyuntiva de considerar la pertinencia de los subsidios frente a la libre competencia. Es evidente que, los empresarios y amigos “liberales" de LAN-Perú (vinculada a LAN Chile) están sumamente felices por la medida tomada. Desde luego, “liberales o neoliberales” que no necesariamente son liberales; ni mucho menos, LIBERALES. Valga la precisión.

En primer lugar, porque el abaratamiento de los pasajes -hacia y desde Iquitos- no es resultado de una eficiente gestión empresarial de LAN, dentro de su lucha competitiva por posicionarse en el mercado y llevar los precios (de corto alcance) a niveles internacionales (aprox. US $ 50/pax. /hora de vuelo)... Sino que es resultado de una decisión administrativa: La renuncia -por parte del Estado- al cobro del impuesto correspondiente. Esto, técnicamente es un subsidio, ni más ni menos. Subsidio que, por principios, los LIBERALES encuentran tan detestable, en “razón” a que ello implica una “inaceptable” intervención gubernamental al libre mercado y la competencia... Pero, que para el caso, nuestros liberales de conveniencia, lo encuentran muy, pero muy “perdonable”... Así de consistentes son nuestros amigos “liberales”. Precisamente, cuando les conviene, no hay arrebatos ni rabietas... ni descalificación procaz.

En segundo lugar, una rebaja del pasaje por el subsidio, significa un incremento de la demanda de pasajes y mejora de las utilidades de la empresa LAN, y por supuesto de los inefables “operadores” de Turismo (o turismo), que de hecho han constituido una bonita alianza... con una demostrada capacidad de presión política-económica. Utilidades o beneficios que se empieza a acumular después de una paciente estrategia: (1) provocar en Chile el retiro de operaciones -y su consecuente descapitalización- de Aerocontinente, no solo por su “atrevimiento” de competir y ganar un importante segmento del mercado aéreo frente a LAN-Chile, sino por la “osadía” de la empresa peruana por pretender adquirir Aerolíneas Argentinas; 2) luego de “expulsar” del mercado chileno a Aerocontinente, el siguiente paso fue sacarla del mercado nacional, que como todos recordamos, se “cumplió” al pié de la letra; y (3) sacar del escenario o mercado aéreo a TANS, que con todas las dificultades, les veía sirviendo de soporte (a LAN) al responsabilizarse de las rutas nacionales menos rentables. Claro, no contentos con tenerla de cuasi-competencia, y que por lo tanto disimulaba su monopolio, decidieron sacarla de juego... y adiós TANS.

En dicha estrategia, el gobierno previo se la jugó si o si... Por lo que no resulta extraño -a la luz de lo referido-, que días antes de abandonar el gobierno, el señor Toledo determinara “liquidar” a TANS. Con dicha medida, se consolida en la práctica, el papel dominante y monopólico de LAN en el mercado aéreo de transporte de pasajeros -principalmente- y en los cielos peruanos. En todo caso, la dación –asumo con buena intención- de una norma para exonerar a los tickets aéreos nacionales del impuesto, no ha sido sino la fresa en el pastel (incrementar sus márgenes de ganancias sin bajar tarifas). Sin embargo, esperamos como peruanos, que la situación del transporte aéreo se resuelva con la entrada de capitales nacionales en la constitución de nuevas compañías aéreas, el reforzamiento de las pequeñas en actividad y/o facilitar -administrativamente- el relanzamiento de TANS (y/o Aerocontinente); que a no dudar, cuentan con el know-how técnico-operativo y capacidad de gestión demostrable... más allá de cuestionamientos o dudas sobre la integridad de los inversionistas.