martes, setiembre 27, 2005

¿Regiones o Macroregiones?

El gobierno y en particular el CND (Consejo Nacional de Descentralización), han decidido llevar a cabo (“Sí o Sí”) el día 30 de octubre el muy publicitado “referéndum” para la conformación de las “primeras” 5 macroregiones que incluye a 16 departamento-región. Un proceso compulsivo y que obliga a la población vinculada, a votar por el SI o el NO. Caso contrario -de no asistir a la votación-, deberán pagar una multa de 132 nuevos soles (US$ 40); si es miembro de mesa y llega tarde -no cumple su función- pagará 165 nuevos soles (US$ 50); y si es miembro de mesa y no acude a votar, pagarán una multa acumulada de 297 nuevos soles (US$ 90)… Y por supuesto, mientras no paguen la multa no podrán hacer gestiones ni trámites públicos… Como se darán cuenta, la pobreza y los derechos de las personas no cuentan cuando se trata de “hacer macroregiones”.

Pero examinemos cual es el fondo de éste singular proceso. A fines del 2002 estando legalmente constituidas las regiones-departamentos, se convocó a elecciones de las autoridades regionales (Presidente, Vicepresidente y Consejeros). Elegidas éstas, se dio inicio al proceso de organización institucional para adecuarse a la normatividad y asumir sus fines y funciones de su competencia, resumidas en el desarrollo y bienestar de su población. Sin embargo, y estando casi a un año de funcionamiento -con errores y aciertos- a alguien del CND se le ocurrió que: “… tener 25 administraciones regionales y en lugares donde la capacidad profesional y/o técnica de sus funcionarios no es muy elevada, es un riesgo la regionalización por departamentos…”.

Y así, sin considerar que la regionalización es un proceso de mediano y largo plazo (5 a 20 años…) y que se requería apoyar los procesos regionales y/o brindarles más recursos para mejorar su situación inicial, bastante limitada por cierto, se propusieron nuevas normas para “juntar” regiones en macroregiones. Los argumentos se fueron agregando en el “camino”, como los siguientes: (1) una administración macroregional es más barata que dos o tres regionales; (2) que se deberían complementar sus economías…; (3) que hay lazos históricos y geográficos, y (4-100) que bla, bla… . Es decir, como buenos “adivinos” ni al año de funcionamiento tuvieron el pálpito o premonición, que las regiones-departamento no iban a funcionar. En consecuencia, "macroregiones" y… REFERENDUM.

Claro, ante una eventual posición crítica o contraria de las administraciones regionales, le dieron su “caramelo”: Si aceptan las macroregiones… tendrán más dinero. Y lógico, a más de uno de los presidentes regionales se les abrió los ojos con los signos de soles (o dólares)… y adiós autonomías y desafíos regionales… Muy fácil. En todo caso, hay que felicitar a los del CND (Thais de por medio) y al MEF… Cuando no.

miércoles, setiembre 21, 2005

La Reforma del Estado: Precisiones

Uno de los problemas - aparentemente resuelto - del proceso de reforma del estado, lo constituye el enfoque y conceptualización sobre lo que se entiende como tal. Digo aparentemente resuelto, porque a pesar de que se ha establecido una especie de "consenso" sobre la necesidad de dicha reforma, a nivel de definiciones que involucra aspectos operativos o funcionales de la reforma, queda todavía bastante por precisar.

Para comenzar, un significativo número de profesionales, funcionarios y/o asesores que participan en dicho proceso muestran cierta confusión respecto a lo que es Estado y Gobierno -entendido éste como la administración de la estructura del Estado-, llegando a concluir que la reforma es la modernización del aparato estatal, en orden a "racionalizarlo" y hacerlo más "eficiente" respecto a la producción de servicios, básicamente. Con dicha premisa, es evidente que se están refiriendo a las funciones de gobierno (administración pública), más no al Estado (estructura de instituciones) como tal.

Sobre el particular, queremos dar un punto de vista -si se quiere particular-. para lo cual nos apoyaremos en la imagen que presentamos. En la misma, y para mayor precisión, el ámbito de la Reforma del Estado estaría sobre la línea punteada.

En primer lugar, las instituciones del
ESTADO son el resultado de organizar una estructura determinada para alcanzar FINES Y OBJETIVOS previamente establecidos y desagregados por ámbitos y competencia, en orden a brindar a toda la sociedad peruana un adecuado nivel de bienestar.

En segundo lugar, las INSTITUCIONES para alcanzar los resultados para las cuales fueron creadas, desarrollan ACTIVIDADES Y PROYECTOS que se corresponden a los ámbitos y competencias establecidos y que representan su razón de ser (o existir).

En tercer lugar, para desarrollar las actividades y proyectos, las instituciones usan como medios: (i) PERSONAL con habilidades diversas y acorde con las funciones asignadas; (ii) EQUIPAMIENTO para que el personal realice sus funciones; y (iii) INFRAESTRUCTURA o locales adecuados para acondicionar el personal y los equipos (u otros similares) necesarios para el desarrollo de las actividades en general.

Bien, si consideramos que las funciones (fines y objetivos) del Estado se han de reducir porque muchas de ellas serán asumidas por el "sector privado", entonces se deberá modificar: número, funciones, jurisdicción y/o tamaño de las instituciones. Con ello, desde luego, se reduciría los requerimientos de medios (personal, equipamiento e infraestructuras) y la demanda de mayores recursos fiscales. Como podrá apreciar, es evidente y lógica la correlación o interdependencia entre fines y medios.

Sin embargo, si queremos reducir los medios (básicamente, personal) sólo con el afán de disminuir el gasto público sin que se haya modificado los fines y objetivos del Estado, o en todo caso, las actividades y proyectos de las instituciones, entonces estamos ante un decisión poco racional y que está lejos de denominarse Reforma del Estado. (NOTA: Se sugiere, si se quiere disminuir el gasto e incrementar la inversión, contabilizar actividades de Educación y Salud como inversión y no como gasto...).

Concluyendo, si se quiere hacer una reforma del Estado,se debe apuntar a los cambios en fines y medios. Desde luego, estos se determinan en un marco orientador (Plan de Desarrollo) de largo plazo, en cuyo diseño y ejecución deben estar comprometidos los sectores políticos y -de manera especial- los sectores empresariales. Caso contrario, y reiterando lo dicho, si lo que se desea es reducir personal y disminuir "la burocracia" a fin de gastar menos, sin haber establecido con claridad como cambiarán los fines, objetivos e instituciones; no estaremos hablando -en sentido estricto- de Reforma del Estado.

Por lo demás, si solo se desea que la administración sea más "eficiente" en términos de costo/servicio, para lograr con menos personal más resultados/metas dentro de las mismas instituciones (ministerios, etc.), al margen de los fines y objetivos nacionales, entonces no hablamos de reforma sino de una reorganización institucional basada en cambios y/o ajustes de procesos administrativos. A dicha acción o proceso puede denominarse, si lo desean, modernización o términos similares vinculados a gestión... pero no Reforma del Estado.

lunes, setiembre 19, 2005

Bloggers y propiedad intelectual

Con relación a los derechos de propiedad intelectual, y específicamente con la de los aficionados al blog o bloggers, se viene generando un debate bastante interesante y espero productivo. Asimismo, considero que en dicho contexto, el caso: Yerovi-Alvarez Calderón ha sido un elemento motivador, pero que el mismo es un caso especial de este debate. Me refiero a que tiene factores o elementos de naturaleza contractual - explícito o no - que son pocos conocidos o lo que se conoce del mismo es controversial en términos de “definir” quien tiene la razón en la disputa de derechos.

En todo caso, quiero referirme a los aspectos esenciales que involucra la producción o creatividad de los bloggers, tales como: (i) el derecho de opinión y (ii) el derecho de propiedad intelectual, derechos estos que desde mi punto de vista deberían ser considerados como una unidad, en la medida que el derecho de opinión es consustancial con el de la propiedad intelectual

Me explico; toda persona tiene derecho a expresar su opinión y que la misma le sea atribuida como un producto de su intelecto. No importa si la opinión nos agrada en cuanto su contenido o está elaborada siguiendo pautas literarias generalmente aceptadas.

En tal sentido, debemos considerar que la misma es el resultado de una visión personal del mundo; y en el extremo, una expresión de su desarrollo cultural e intelectual. En síntesis, no importa los juicios de valor que se hagan sobre la “calidad” de una opinión; lo cierto es que alguien la expresó por ser su derecho y ése alguien es una persona identificable y merecedora del derecho de propiedad intelectual.

Ahora bien, es posible que haya una opinión escrita pero su autor desea permanecer en el anonimato, entonces debemos entender que hay una renuncia expresa a su propiedad, pero no a que se la ignore. En el caso de la comunidad de bloggers y personas que acceden a lecturas de blogs, su derecho se mantiene sólo para efecto referencial y reconocer que un artículo de opinión tiene un nacimiento u origen en el tiempo.

Lo anterior implica que, si aparece la misma opinión, con cambios muy sutiles a nombre de una persona identificable en una fecha posterior a la aparición de la opinión original, debemos entender que estamos ante dos casos: (1) el autor la publica nuevamente para identificarse plenamente, o (2) es un plagio en todo el sentido de la palabra. En éste caso, no tenemos tribunales que sancionarían el plagio o apropiación de un derecho de propiedad intelectual, sino un “enjuiciamiento” y sanción moral por parte de la comunidad de bloggers, conocedora de lo sucedido. Claro que, si el plagiario no es identificable plenamente, entonces estamos ante un caso de conciencia y muy lejos de dicha sanción moral, aunque siga siendo parte de la comunidad.

Para concluir; el caso de relaciones entre dos o más personas para producir una obra literaria, al margen de sí existe o no un contrato en donde se especifique sus tareas y responsabilidades, representa un caso especial y no es esencialmente un tema relacionado directamente al derecho de opinión y la propiedad intelectual de la misma. Digamos que en nuestro caso, hablamos del derecho de una persona y no de varias relacionadas a un producto intelectual.

viernes, setiembre 16, 2005

Waisman y los MEF-Boys

Como algunos de los lectores recordarán, hace unos tres meses se suscitó una suerte de confrontación entre el Vicepresidente de la República David Waisman y los funcionarios de mayor peso técnico-político del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre los cuales destacaban los viceministros del MEF, señores Zavala (actual titular del MEF) y Carranza, así como la señora Blume, jefa del gabinete de asesores. Dicha confrontación, producto de perspectivas diferentes u opuestas respecto a la asignación de recursos fiscales, principalmente para atenuar las demandas remunerativas de sectores sensibles de la Administración Pública, pareciera que se mantiene pero a un nivel relativamente discreto.

En aquella oportunidad - y aún hoy -, se evidenciaba que para la gente del MEF no era - ni es - esencialmente un problema de posiciones con respecto al manejo coyuntural de la economía del país. En realidad, se trataba de una demostración de poder. Era una señal clara y directa de quienes -desde Agosto del 1975-, son una especie de "gurús" que se mantienen tras bambalinas, y son los verdaderos artífices de ése gran tinglado de poder "alterno" al elegido por voto popular. Una estructura que - en principio - se integra en su "segunda" generación por asesores y funcionarios de "alto nivel". Los mismos que se reconocen como los verdaderos tomadores de las decisiones económicas y de la real conducción del país.

Escribo estas líneas, convencido de que no han "bajado la guardia", muy por el contrario. Ellos son conscientes y disfrutan el hecho de que con sus actos u omisiones influyen en la gestión pública y en el futuro del país; en consecuencia, las actitudes pasadas y las que van a ir tomando, tienen que ser objeto del dominio de la opinión pública en cuanto a sus motivaciones. Por lo demás, ahora y después, un gobierno debe expresar su autoridad sin someterse a grupos de poder que están más allá de las responsabilidades y del mandato conferido legítimamente por la población a sus representantes que conforman el poder ejecutivo y el poder legislativo. En tal sentido, es muy lamentable y de extrañar - como viene sucediendo hace 30 años -, que la autoridad de la Presidencia de la República sea expuesta y relativizada por dichos señores con el pretexto de "la responsabilidad fiscal".

Asimismo, hay que recordar el inicio de aquella confrontación: Waisman-MEF, que más allá de la demanda de David Waisman por "cifras claras" para negociar las demandas, lo que colmó la "paciencia" de dichos señores, fue la aprobación de leyes "no financiadas" por parte del Congreso. Sin embargo, y a sabiendas que de enfrentarse al Congreso se exponían y la cosa iba para más, decidieron "ningunear" al vicepresidente de la República. De todas maneras, dejaban en claro quienes mandan...

Bien, para quienes conocemos o hemos seguimos con sentido crítico, desde hace unos 30 años, la historia económica y política, no nos extrañan dichas actitudes. Por el contrario, nos llamaba la atención de que - ante declaraciones del señor Waisman - no se hubiera articulado una "línea de defensa" de quienes directamente o indirectamente favorecen políticas económicas supuestamente racionales pero que no hacen más que debilitar y empobrecer al país, como sociedad. Declaraciones que estaban enmarcadas dentro de preocupaciones legítimas por la real situación del país, y la cada vez más difícil sobrevivencia de la mayoría de la población, a pesar de las difundidas "cifras macro".

Desde luego, explicar sus mecanismos y procedimientos para favorecer a determinados grupos de la economía, excedería la finalidad puntual de éste artículo. En todo caso, y tomando como punto de partida las declaraciones del señor Waisman, relacionadas a revisar la ejecución del gasto público con la finalidad de definir la posibilidad de: atender -a niveles adecuados- las demandas laborales y el incremento de la inversión en pública en infraestructura social (salud y educación), podemos decir que las respuestas altisonantes y fuera de tono, resultaron exageradas por no decir malcriadas.

Por otra parte, si bien es cierto que las decisiones del Congreso y las inquietudes del señor Waisman, pueden ser parte de una estrategia política-social, ello en principio no las deslegitima, aún más, por provenir de instancias superiores, deberían ser objeto de análisis sustentados, discusión pública alturada y adecuadas respuestas por parte de los niveles técnicos. Creo que para ésa tarea se les paga, no para insultar o ningunear a las autoridades elegidas. En todo caso, como ciudadanos conscientes, hay que estar atento a los "eventuales" exabruptos de los MEF-Boys.

jueves, setiembre 15, 2005

Sobre el Acuerdo Nacional...

Hace más de tres años, y a días de inaugurarse el denominado Acuerdo Nacional, redacté el siguiente artículo que fué publicado (26.Jul.02) por el diario "La Razón". Lo he releído y me parece que aún sigue vigente gran parte de su contenido, por lo que -a riesgo de molestar a algunos- lo someto a criterio de los que por "casualidad" leen éste blog. Advertencia; es un poco extenso, así que les pido un poco de paciencia...


ACUERDO NACIONAL, ¿una pérdida de tiempo?.

Cuando el país se debate en una crisis económica, social y política, resulta poco edificante –por no decir poco responsable- generar espectativas con respecto a un Programa Mínimo de Gobernabilidad, entiéndase ACUERDO NACIONAL; particularmente, cuando de la lectura del documento consensado y suscrito, no puede extraerse una visión clara respecto a los problemas fundamentales que enfrentamos y los factores que condicionan y definen nuestra crítica y lamentable situación como país, tanto como del grado de relación que dicha problemática tendría con las propuestas básicas de “gobernabilidad” que se plantean a través de los denominados CUATRO GRANDES OBJETIVOS.

Es evidente que los grupos "dominantes" dentro de las personas responsabilizadas de estructurar el referido documento, como las que han actuado de motivadores en las diversas reuniones, no han explicado con claridad suficiente y orientado adecuadamente –desde el punto de vista metodológico- respecto al tema de Gobernabilidad (y Economía). Las razones podrían ser: (1) No conocen lo suficiente la problemática del país, como para entender la crisis y explicar sus consecuencias a futuro; (2) La intención de lograr un documento “político” que satisfaga el ego de quienes piensan que a partir de su actual rol en la política, recién se empieza a construir la democracia; (3) La necesidad coyuntural y urgente de darle un soporte al gobierno ante la falta de credibilidad y consecuente inestabilidad por la que atraviesa. Desde luego, no por falta de un acuerdo político, sino por sus errores de gestión.

Si asumimos, con beneficio de la duda, que la intencionalidad sea la última mencionada, es razonable pensar que los principales participantes en la formulación del Acuerdo, han buscado una salida decorosa a la situación de gobernabilidad actual. Desde luego, en el entendido de que por ser coprotagonistas de la caída de la "dictadura", han asumido ante la población un compromiso de revertir todo lo criticado y cuestionado al régimen anterior, lo cual ante la calidad de gobierno actual, le es indispensable proyectar hacia la población una imagen de consenso y de interés en revertir la situación del país. La misma que en las propuestas no se evidencia con claridad y que se caracteriza -esencialmente-, por un orden económico que aceleradamente genera el desempleo y miseria para casi todos los peruanos; y que por su naturaleza y dinámica, tiende a contrariar el logro de objetivos como los propuestos en el Acuerdo.

Sin embargo, cualquiera sean las motivaciones, el pretender diseñar y responsabilizarse de un marco orientador de política en el ámbito de Gobierno, implica mucho más que intenciones de ser buenos ciudadanos y bastante sensibles por la democracia, el estado de derecho, la equidad, la justicia social, la competitividad del país (?), así como de un estado transparente y descentralizado. Que ello es fundamental y relevante en toda sociedad civilizada –o algo parecido-, desde luego que si. Pero, lo primero es lo primero, y lo primero es no limitarnos a plantear una suerte de instrucciones sobre lo que consideramos importante y prioritario para convertirnos en políticos responsables y comprometidos.

Desde luego, y aún si fuere así, el documento resultante denominado: Acuerdo Nacional, está muy lejos de constituir una guía de acción para los gobernantes, en la medida que al no ser producto de análisisis previos de una realidad condicionada por la actividad económica -básicamente-, sus propuestas no llegan a expresar una relación de causa-efecto entre las medidas de naturaleza económica y los resultados sociales (bienestar) y políticos (gobernabilidad) a alcanzarse.

Consecuentemente, no tiene ninguna posibilidad de éxito un Acuerdo Nacional sobre la base de la enumeración de temas y acciones sugeridas, sin establecer los factores e identificar los agentes responsables de la crisis que atraviesa el país; de manera tal que, como usufructuarios de la misma, asuman su rol y responsabilidades dentro del Acuerdo, a fin de hacer viable y gobernable el País. Un acuerdo sólo entre políticos -o quienes se pretenden tal-, no pasa de ser un saludo a la bandera.

Tambien es posible que se argumente que los representantes de los gremios y sectores económicos –productivos y de negocios- han participado de éste acuerdo, lo cual garantizaría su compromiso para con la gobernabilidad y el bienestar de la población. A ello podría decirles, sí señores... siempre y cuando no les afecten sus intereses. Entonces... surge la pregunta: ¿Puede ser gobernable el País sin reordenar la economía y fomentar el Empleo y el Ingreso?... ¿Están comprometidos los sectores empresariales dominantes a aceptar nuevas reglas de juego que tienda a restarles un poquito –siquiera- de sus ganancias a favor de un bienestar compartido?...

Evidentemente, si la respuesta es favorable, entonces el Acuerdo aún con sus limitaciones tendría posibilidad de alcanzar algunos de sus objetivos. Si no la es, tal como se desprende del diseño y contenido del documento del Acuerdo Nacional, sólo nos queda replantearnos el tema de gobernabilidad dentro de un contexto mayor e integrado: Economía-Sociedad-Política. La finalidad, en lo posible, sería arribar a un documento sobre Lineamientos de Desarrollo. Documento éste adecuadamente formulado y donde se contengan las líneas maestras de lo que sería o debería ser nuestra economía dentro de los siguientes 20 años... por lo menos.

Sólo a ése nivel, y estableciendo con claridad un marco económico referencial para fijar fines y objetivos de carácter nacional, así como para ser compatibilizado e insertado dentro de los Programas de Acción que aprueben y difundan los Partidos Políticos, los Gremios Empresariales y Laborales, las Instituciones, entre otros, será posible lograr una base sólida para la gobernabilidad del País.

Finalmente, y sin ánimo de ser un aguafiesta, particularmente de la denominada sociedad civil que se ha desvelado para lograr el documento en cuestión, cuyo esfuerzo debo valorar más no el resultado, deseo resumir la lógica conceptual y metodológica que sería básica para lograr un documento claro, estructurado y posible de ser operativizado mediante políticas y decisiones de gobierno concretas, cuyos resultados sean susceptibles de evaluarse periódicamente y medirse en términos de bienestar general para la mayoría de la población.

Esto es, que para definir OBJETIVOS, primero se debe definir o establecer cual es la SITUACION de la que se parte y cuales sus rasgos susceptibles de MODIFICAR por la acción del gobierno. Si no se está claro de ello, y con todo el respeto que se merecen, cualquier documento sirve... a los fines políticos, claro está, no para hacer un país donde se viva con Equidad y Justicia... Y si ello no se entiende lo suficiente, valga la ocasión para relevar el papel de la economía en la definición de una sociedad como la que deseamos para todos los peruanos y reconocer que: LO QUE GANAN ALGUNOS, LO PIERDEN MUCHOS... No hay misterio fuera de esta expresión. En consecuencia, hablar de una sociedad perfecta o perfectible, sin cuestionar instituciones –públicas y privadas-, grupos empresariales, lobbies en el Congreso, etc. Es poco menos que aplicarse una pomada para la piel, encima del vestido.

miércoles, setiembre 14, 2005

La huelga policial y una salida a la "criolla".

De ser cierto lo publicado por el diario nacional "La Primera", en su edición del día, con relación a lo declarado por los economistas Jorge Chávez, de la consultora Maximixe, y Carlos Adrianzén, notorio comentarista de temas nacionales, la solución de la demanda por aumentos de sueldos y pagos pendientes de los suboficiales de la PNP, que motiva la inminente huelga del sector policial, estaría prácticamente resuelta y con beneficios adicionales. Dichas "recomendaciones" se orientarían a: (1) despedir a personal "excedente" de la Administración Pública para "desburocratizar", y (2) el consecuente "ahorro" de recursos fiscales para pagar los aumentos. Adicionalmente, (3) se tendría un "avance" en la reforma (¿?) del estado.

Como siempre, nuestros connotados y destacados profesionales -entiendo que- siguen la argumentación siguiente: (1) el presupuesto público asigna casi el 70% para gastos corrientes, siendo el rubro más importante: remuneraciones; (2) para inversiones -obras públicas, equipamiento y otros- queda un monto muy bajo, lo cual no permite mejorar la infraestructura económica (vías, irrigaciones, etc.) y social (escuelas, hospitales, etc.), por lo cual seguimos siendo un país pobre y de poco interés para los inversionistas. En consecuencia, (3) si no se tiene más ingresos fiscales (IGV, Rentas; Utilidades, Regalías, etc.) se debe disminuir los gastos corrientes o el monto total de las remuneraciones del sector público, para incrementar las inversiones.Claro, no nos dicen porque se recauda menos, el porque las exoneraciones vía contratos-ley de estabilidad (¿?) no son objeto de revisión, el porque mediante normas específicas se deja de cobrar tributos-impuestos que benefician a ciertas grupos empresariales...(y sigue la lista).

Hagamos un cálculo sencillo. Supongamos que el presupuesto es 100 y se "gasta" 70 y se invierte 30; luego, por mayor celo e interés nacional, se ajusta las exoneraciones y similares, permitiendo elevar el presupuesto a 120, y no habiendo mejoras ni despidos, el "gasto" seguiría en 70 y la inversión se eleva a 50, lo que significaría que un 20% de mejora en la tributación efectiva, ha disminuido el "gasto" a un 58% y elevado la inversión a un 42%. Sigamos "mejorando" la tributación a 140, y considerando una mejora de sueldos de un 15%, tendremos un gasto de 80 y una inversión de 60; siendo la nueva proporción de: 57.5% para "gasto" y 42.5% para inversión. Es decir, con una mejora de bienestar de los empleados públicos, se tiene un mejora relativa (porcentual) de la inversión, aunque su crecimiento real ha sido de 100% ( de 30 a 60)... Claro, para éso habría que "persuadir" a los empresarios angurrientos y quejosos que, de mantenerse la situación, a la larga todos nos perjudicamos... No es cierto, amigos Chávez y Adrianzén.

lunes, setiembre 12, 2005

Política: Elecciones y “partidos chicos"

En el Congreso de la República se viene discutiendo - y debe entrar al voto - una propuesta de ley referida a la denominada “valla” electoral. Esta establece que si un partido político registrado y participante en los próximos comicios electorales, no logran una votación acumulada superior al 5%, no podrá tener derecho a colocar representantes en el Congreso. Evidentemente, dicho límite afectará directamente a los denominados “partidos chicos”, algunos de ellos recientes y otros con cierta experiencia electoral.

El argumento principal es que hay demasiados partidos o movimientos (20-30), y que darle representatividad a todos los que por circunstancias electorales locales la cifra repartidora les favorezca, daría como resultado un Congreso excesivamente fraccionado. Y sobre todo, con representantes que no respondan a organizaciones estructuradas y con expectativas de permanencia en la actividad política como para orientar y/o responsabilizarse del accionar de su elegido.

Ahora bien, si ése fuera un argumento sostenible, el problema de fondo es el límite de adherentes que requiere cada partido para inscribirse como tal y participar en las elecciones. Actualmente, y tal como se ha referido, la cantidad de agrupaciones políticas es bastante crecida; sin embargo, ello es el resultado de que en su oportunidad se bajó el límite de adherentes para inscribir un partido –o movimiento- político, desde 640 mil firmas válidas en el ’98, hasta las 140 mil que actualmente se requiere. Es decir, que de la cifra anteriormente requerida para inscribir un partido o movimiento, actualmente se puede obtener cuatro inscripciones. Entonces, las razones andan por otro lado... ¿Manipulación de resultado?... Podría ser.

Analicemos esta posibilidad. En primer lugar, una inscripción de partido puede estar motivada por: (i) su natural presencia política, digamos “tradicionales” - 4 de ellos -; (ii) por el deseo de incursionar con una propuesta electoral que suponen “responde” a las expectativas del electorado; y (iii) por ser un buen “negocio”. Cualquiera de las dos primeras sería razonable, pero la tercera motivación, propia de los denominados -graciosamente- “partiduchos”, y que son bastante conocedores del teje y maneje del “negocio”, merece especial atención.

En dicho caso, hay un cálculo bastante sencillo. Se “oferta” un lugar en la lista de 120 candidatos, cuyo “aporte” a recibir está en unos 6 mil dólares promedio, por lo cual los “directivos” recibirán no menos de 720 mil dólares. Aparte, se compromete a asumir sus gastos de campaña, lo cual favorece a los directivos-candidatos. Pero, ésa es la primera parte del “negocio”, la segunda parte es la de “facilitar” el traspaso de sus votos hacia otro partido y/o candidato con dinero pero sin ganas de “ensuciarse” los zapatos, a fin de que logren los votos suficientes para ser elegido. Usted se preguntará después de las elecciones ¿Y éste de dónde sacó ésa votación?... así como también, ¿Cómo se hace el traspaso?... En verdad no hay mucho misterio... A propósito, porque creen ustedes que han recibido tantos “golpes” la Jefa de la ONPE... Esperamos que haya “resistido” las presiones para no hurgar demasiado...

Finalmente, a éstas alturas de lo tratado, usted tiene más o menos claro que sistemáticamente se ha ido bajando el límite de adherentes para facilitar la dispersión y trasvase de votos, que por lo general beneficia a partidos cuyos líderes no son “carismáticos” pero siempre logran una relativa representación que les permite negociar cuotas de poder (o de gobierno). Entonces porque se pretende a éstas alturas establecer "vallas"... ¿Será para incrementar el trasvase de votos?... Porque es natural que supongamos hacia donde pasarían los votos de quienes no tendrían el chance de colocar representantes Si amigos... a los que reciben financiamiento de grupos a cambio de hacer lobbies para obtener leyes o decretos a su favor. Como decía alguien... no hay cena gratis. ¿Y el país?... Bueno, ya le tocará su oportunidad...

viernes, setiembre 09, 2005

Interoceánica: ¿Carretera o Ferrocarril?

En nuestro país, los responsables del gobierno han adoptado la costumbre o hábito de que las "cosas" (proyectos, acuerdos, etc.) se hacen "Sí o Sí"; ésto es, al margen de sí la decisión es o no el resultado de un análisis previo respecto a una alternativa de solución debidamente sustentada (ambiental, técnica, económica y financiera).

Precisamente, una de ellas es el proyecto denominado "Interoceánica", que básicamente se extiende sobre las rutas: (1) Iñapari-Puerto Maldonado-Pte. Inambari; (2) Pte. Inambari-Urcos/Cusco: y (3) Pte. Inambari-San Gabán/Puno, rutas que actualmente están construidas a nivel de afirmado y sobre cuyas plataformas o vías se trabajará el asfaltado. Precisando, la "Interoceánica" no es una carretera nueva a construirse sobre áreas vírgenes de la Amazonía.

En realidad, todas las rutas referidas están en uso, aunque severamente restringido su tránsito en épocas de intensa lluvias ("invierno"). Asimismo, y en cuanto a pertinencia del proyecto, la experiencia relacionada a dichas carreteras en cuanto a la dinámica de asentamiento-uso en el eje y zonas adyacentes, ofrecen referencias e indicadores de los graves procesos de deforestación (e impacto ambiental negativo) que la carretera trae consigo. Ahora bien, estamos hablando de vías que por sus limitaciones (mantenimiento) no han permitido un tráfico más intenso y por lo tanto un grado de ocupación más extendido y en consecuencia un daño mayor. Es fácil entender entonces los impactos ambientales negativos y la imposibilidad de que un proyecto bajo dichas circunstancias pueda ser considerado viable, para empezar ni siquiera el EIA (Estudio de Impacto Ambiental), y suponiendo que esté bién hecho. De allí la prisa y el "Sí o Sí"... o el "Contrato, ya"... Se trata de 890 millones de dólares, unos sobre otros. ¡Provecho!.

Pero, sigamos en dirección al asunto que motiva el título de éste artículo: ¿Carretera o Ferrocarril?. Si la historia de los asentamientos o colonizaciones en zonas selváticas (Amazonía) basadas en ejes viales-carreteros, viene demostrando que éstos son unos medios "depredadores" de bosques y a la vez de quiebres de ecosistemas de alta productividad de biomasa (no cultivos ni pastos, necesariamente) pero a la vez sumamente frágiles, entonces porque insistir sobre dichas alternativas que son contrarias a la preservación del medio ambiente amazónico, que es nuestra más importante –por no decir única- reserva natural ... y de vida si sabemos utilizarla racionalmente. Y si referimos como las carreteras se convierten, luego de la deforestación, en "facilitadores" de la cocalización, pensarían que estamos exagerando... prefiero que revisen - en la web- los artículos, informes y libros de Marc Dourojeanni y Antonio Brack Egg, por citar a dos peruanos y reconocidos especialistas internacionales, particularmente sobre trópico.

También la historia nos ha demostrado que la alternativa de ferrocarril como medio de ocupación racional y organizada del territorio nacional, y en particular de nuestra amazonía, ha sido descartada sin ninguna explicación de carácter técnico-económico-ambiental. Algunos conocedores del tema, inclusive del extranjero, se muestran sorprendidos cuando en ninguna propuesta o planes de los grupos políticos y del gobierno -a mediano y largo plazo- se habla de ferrocarriles. Es como si ello fuera un tema TABÚ. Algo que está más allá de nuestro entendimiento. En las Universidades, tampoco se habla y mucho menos se permite a los graduados en Ingeniería Civil, tener acceso a la rama de ferrocarriles. El Colegio de Ingenieros y de otras profesiones, de igual manera. Y los constructores, los grandes beneficiados de la construcción de carreteras (tipo "Interoceánica") y del eterno mantenimiento de dichas vías, no tienen más interés que estar detrás de una mesa de dibujo diseñando carreteras y/o detrás de un tractor o motoniveladora... removiendo tierra una y otra vez.

Es cierto que los costos iniciales de un ferrocarril son relativamente más altos que los de carretera, pero aún así ningún proyecto de carretera es más rentable y ambientalmente más viable que un ferrocarril, sin contar -adicionalmente- que éstos últimos tienen una vida útil (número de años en uso) 2 a 3 veces superior a los de carretera. Decimos que aún así, porque los "sacerdotisos" de carreteras - que los hay -, usan un argumento fácil y de impacto es mencionar que un ferrocarril "es demasiado costoso", sin mostrar referencia alguna. Si se quiere, que nos muestren el análisis beneficio-costo del Ferrocarril Central, que a pesar de su relativo estado va camino a los 130 años y ha sido la columna vertebral del desarrollo minero del centro del país. Ferrocarril que en los ’50 Odría tenía planeado extenderlo hasta Pucallpa, pasando por la zona de Oxapampa.y que fue "disuadido" de hacerlo... ¡Cuanta irracionalidad soporta mi país!.

Entonces, volvamos al Ferrocarril de la "Interoceánica", y razonemos sobre la pertinencia de realizarse pero bajo una vía de ferrocarril. En primer lugar, sobre la base de las carreteras en uso se puede hacer los trabajos de mejoras - en tramos críticos - para colocar la estructura de rieles, sin ningún problema. En segundo lugar, si bien es cierto que hay poblaciones "establecidas" en el eje de la vía, por su grado de desarrollo y tipo de actividades (extractora y/o madera) sin un alto nivel de capitalización en infraestructura, podrían ser reubicadas en zonas con condiciones reales y sostenidas para actividades productivas vinculadas al medio, de manera tal que se redistribuyan racionalmente y se optimice la ocupación del territorio. En tercer lugar, para quienes piensan que ya es muy tarde, debido a que ya se hicieron los contratos y ya empezaron los trabajos. Les digo que no. Porque el hecho de que los grupos interesados quiera acallar las críticas con "hechos consumados", no les va a resultar tan fácil. Para empezar, ¿Dónde está el informe de viabilidad del proyecto?...¿Dónde está el informe de viabilidad ambiental (EIA)?... ¿Quién o quiénes han festinado trámites (SNIP) que se ajustan a la normatividad vigente?... En ello tienen responsabilidad inclusive los organismos internacionales que facilitan los recursos, en la medida de que ningún dólar se aprueba si no tienen el proyecto a la vista y con la rentabilidad del caso y sobre todo, la viabilidad ambiental que es parte de compromisos internacionales sobre el tema... CONAM ¿estás ahí?...

jueves, setiembre 08, 2005

CHILE: ¿Israel de América?

Desde hace algún tiempo se viene intensificando noticias y comentarios - en algunos medios de difusión del país – en relación a las masivas compras de armamento - moderno y sofisticado- por parte del gobierno chileno. De hecho, el efecto sobre la opinión pública expresado a través de comentarios o punto de vista sobre éste tema, varían desde la indiferencia hasta el temor por una inminente invasión militar de nuestro vecino del sur.

Sin embargo, poco o nada se dice sobre el fondo del asunto o motivaciones. Es cierto que el monto de recursos fiscales aplicados para adquisición de armamentos - de año en año - por el gobierno chileno, alcanza montos que para un país del tamaño y necesidades que afronta, entre ellas la pobreza y desigual distribución de la riqueza nacional, puede considerarse sin lugar a dudas irracional. De allí que, entre los argumentos para justificar ante la comunidad americana y en particular para sus vecinos que en todos los tonos han manifestado su deseo de reducir el nivel de armamentista de la región, estarían que las compras se encuentran dentro de un proceso normal de renovación de material militar obsoleto.

Bien, si ése fuera el caso, y solo se trata de renovación de equipo, considerando que se compara la potencia de fuego antes y después de la renovación, y además teniéndose en cuenta que la tecnología militar actual no hace comparable 10 naves de los ’60 con 10 naves del 2000, el resultado podría significar no una potenciación de 1 a 1, sino de 1 a 20. Pero si al número que tenían le agregan mas unidades, entonces estamos frente a un equipamiento propio de una estrategia militar ofensiva y no defensiva-disuasiva.

El otro aspecto de la política armamentista de Chile, sería la del padrinazgo -explícito- de los Estados Unidos e Inglaterra por liberar a Chile de las restricciones de adquirir armamento - en particular aviones militares - de última generación, adquisición que ambos países al ser dueños de la tecnología, tienen la capacidad de vetar o impedir. Entonces, habría que preguntarse el porqué de la complacencia de ambos países por estimular y facilitar los afanes belicistas de Chile. No será que responde a una estrategia geopolítica "gendarme" que ambos (EE.UU. y Reino Unido) han promovido e implementado en diversas partes del mundo. Estrategia en la cual Chile se inserta y "aprovecha" inteligentemente porque sirve a objetivos económicos inmediatos y a sus fines geopolíticos permanentes (doctrina Portal): Ser la potencia militar-hegemónica de Sudamérica. No sonrían, sus clases dirigentes usufructuarias del poder están convencidas de que ése es su rol histórico como país. En fin, si ya humillaron a Perú, Bolivia y Argentina (Las Malvinas)...

El papel de gendarme sudamericano, Chile lo ha planeado y realizado meticulosamente. Para el efecto, ha utilizado todos los espacios posibles para avanzar, sean los económicos (cuando les convino entraron al Pacto Andino; cuando no, patearon el tablero); los políticos (golpe contra Allende, "terrible" comunista para EE.UU y el mundo libre, dizque); y militares (cuando Perú y otros apoyaban a Argentina por las Malvinas, ellos le brindaban "facilidades" a Reino Unido)... Y no digamos nada de la II Guerra Mundial, cuando todos los países americanos se mostraron incondicionales de los Aliados, Chile era neutral. Habría que ver como fueron retribuidos por los Alemanes.

Hoy en día, que EE.UU. enfrenta "serios" problemas internos como es el de la drogadicción, y cuya mayor fuente de abastecimiento proviene de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, principalmente; y que de acuerdo a sus análisis de inteligencia, los recursos del tráfico subvencionan el "narcoterrorismo", que incide en las situaciones de inestabilidad social y política de nuestros países, generando riesgos no solo a los "avances" económicos sino de manera particular, en los "cimientos" de la democracia, y no pudiendo intervenir directamente y/o disuadir a las clases políticas de no salirse de los "consensos" señalados, aún cuando signifique mejorar las condiciones de bienestar de la población de cada uno de los países, ha decidido poner su servicio de vigilancia particular en el sur del continente. Similar al de Medio Oriente.

Pero, no hay que dejar de considerar que, la situación que vincula - y hace simbiosis - el armamentismo de Chile con las necesidades geopolíticas de EE.UU. y Reino Unido, en el continente sudamericano, es a la vez una condicionante a cualquier intento de Chile de actuar – militarmente - de motu propio. Es decir, por mucho deseo "expansionista" y ganas de utilizar su armamento antes que llegue – tecnológicamente – al obsoletismo, que conforme avanza la tecnología será antes de 10 años, deberán contar previamente con el "agreement" o visto bueno de EE.UU.. Y eso, dependerá de los futuros gobiernos americanos: Demócratas o Republicanos, Halcones (guerreros) o Palomas (pacifistas)... Es decir, mientras podemos recuperar nuestra capacidad defensiva-disuasiva... Tampoco hay que ser ingenuos... Pero también para ello necesitamos un gobierno con la cerviz levantada, con autoridad y sobre todo con amor y compromiso con nuestro país: Perú.

miércoles, setiembre 07, 2005

El Perú y el Gas... sigue el debate

NOTA.- La presente comunicación es un comentario difundido por el Ing. Bruno Paulsen, en el marco del debate sobre la veracidad de las cifras oficiales -y oficiosas- que sustentan el real potencial de las reservas utilizables de gas de Camisea. Decimos debate, a pesar de que los responsables oficiales de las decisiones y orientación política que comprometen el futuro energético del país, se mantienen -por lo general- en un cómodo silencio...



Estimados colegas:

Adjunto al presente el gráfico de evolución de las reservas de Gas Natural que se encuentra pulicado en el "Plan Referencial de Hidrocarburos" emitido por la DGH (Dirección General de Hidrocarburos).

Como ya hemos debatido y demostrado técnicamente en este foro con la participación de varios colegas que las cifras de las reservas están siendo infladas (en 28%) para la opinión pública (ver justificación técnica en: www.progasperu.org), este gráfico no representaría la real expectativa de recuperación probada de las reservas ni la concepción internacionalmente aceptada de reservas probadas.

El asunto en sí, es muchísimo más grave porque se están involucrando documentos técnicos oficiales de planificación nacional como se puede apreciar en el documento recientemente publicado por la DGH y el MINEM (Ministerio de Energía y Minas).

Esto constituye una falta gravísima de la que debemos tomar conciencia y que no puede quedar como letra muerta. Lo correcto es una rectificación por parte de las autoridades competentes correspondientes. En este país, los peruanos debemos aprender a hacer siempre lo correcto, así no nos guste o no esté de acuerdo con nuestros fines, es la única manera de crecer como personas y como país. Desde aquí una exhortación.

Saludos cordiales,

Ing. Bruno Paulsen C.
PROGASPERU

martes, setiembre 06, 2005

El Perú y el Gas: Futuro incierto

En la actualidad, se viene dando cierto tipo de debate con respecto a la pertinencia de utilizar el gas de Camisea -recientemente en explotación-, para fines de exportación. En tal sentido, deseo hacer explícito lo del tipo de debate, pués a nivel de gobierno el asunto "está decidido", habida cuenta del "compromiso peruano" de integrar el denominado "anillo energético" del sur del continente, integrado en principio por: Perú, Bolivia, Chile y Argentina, donde los dos primeros ponen el gas y los otros retornan energía y/o productos de la transformación del gas; es decir, una relación equitativa (¿?).

Asimismo, y de acuerdo a los datos de la "oposición" -como suelen referir los "proexportadores" a dichos profesionales- la cantidad de gas realmente disponible para el mediano y largo plazo, no es una cantidad significativa en términos de los proyectos de cambio de la matríz de consumo (a basarse en el gas) y el consecuente incremento de la demanda futura. Según estimaciones en base a escenarios de demanda (20% doméstico y 80% industrial), las reservas de Camisea estimadas "oficialmente" en aproximadamente 13 TPC (Tera piés cúbicos) alcanzaría para 43 años de la demanda.

Respecto a ésto último, los cáculos de los especialistas "no oficiales" sobre el potencial real como oferta utilizable de Camisea, considerando los yacimientos (Lotes 88 y 56: San Martín, Cashiriari y Pagoreni) tendrían como reservas (en TPC): probadas, 10.87; probables, 2.98; y posibles, 2.84. Pués bien, si a dichas cifras se le aplica el factor de recuperación (78%), las nuevas cifras de reservas serían: probadas, 8.48; probables, 2.32; y posibles, 2.2. Cifras que son las sustentables para realizar las proyecciones de produción-consumo y que difieren de los agregados "oficiales" de 13 TPC (otros más "proactivos" refieren la cifra de 17 TPC).

Entonces, la pregunta obvia si se tiene en cuenta los detalles y ajustes de las cifras, es porque el gobierno hace una cuestión de estado de la exportación del gas y porque se hacen compromisos que -mientras no se explore y se tenga mayores reservas- afectará el abastecimiento futuro de los peruanos y sobre todo impediría cualquier desarrollo competitivo de las industrias nacionales (cualquiera sea el origen del capital), el soporte al conjunto de las actividades económicas y sociales, como también aprovechar la oportunidad de reducir con beneficios (Acuerdo de Kyoto) la contaminación ambiental -particularmente en los centros urbanos-, mejorando la calidad de vida. De hecho, estamos hablando de energía limpia y de menor costo.

Es indudable que el futuro para las empresas vinculadas a Camisea es HOY. Porque adelantar la explotación en una situación de alza contínua del precio del petróleo, les ofrece más dividendos empresariales y menos gas para el país. No sería nada raro que el diámetro del gasoducto esté hecho para ésa "eventualidad". También es evidente que la estrategia "dual" sería: (i) adelantar la extracción del gas con el pretexto de mayores divisas (hoy) y (ii) promover el consumo y conversión de la matriz hacia el gas, de manera que cuando no tengamos mas gas (15-20 años) estemos listo para ser importadores y gastar divisas (mañana)... aunque creo que el asunto va por hacernos dependientes de la energía que vendría... del sur.

Asimismo, y cuando decimos gobierno, incluimos a los "asesores" y/o "lideres" de opinión que ni siquiera se ruborizan por ser parte de éste gran tinglado contra el país. Claro que pueden tildarnos de "patrioteros" o "populistas", pero éso es mucho más aceptable que el adjetivo que se merecen. Salvo que estén convencidos de que están haciendo un gran aporte al Perú... y éso es tener anteojeras. Pero, no seamos ingenuos... no son tan idos... se hacen nomás. Pero vayamos al fondo del negocio del gas. Cuando se estaba en proceso de realizar los contratos, el barril del petróleo estaba a unos 18 $/barril y se estimaba el valor de Camisea (reservorio, sin considerar transporte) en 26 mil millones de dólares; bien, imaginan ustedes cuanto es el valor a la fecha con el petróleo a 70 $/barril. Desde luego, hace falta extraerlo, transportarlo y venderlo al exterior (hoy), debido a que el mercado interno recién está creciendo. Por lo tanto, la solución "sí o sí" es exportarlo... con o sin "anillo energético". Imaginan a cuanto subirán las acciones de las empresas "dueñas" de Camisea y cual su nivel de capitalización y poder político... que dada la amplitud de las campañas pro-exportadora del gas se hace manifiesta. Imagínense nomás.

Pero, hagamos una observación adicional pero de gran trascendencia. Más allá de las declaraciones del “mas alto nivel” que sostienen que hay suficiente para el consumo interno y la exportación, por lo que a largo plazo no se afectará la provisión de la demanda nacional. Lo cierto es que no hay diseñada una política de estado relacionada al sector energético y que la misma se vincule a aspectos de desarrollo y defensa nacional. Si realmente lo hubiera, y no hablamos de normas contradictorias e incoherentes hacia el fin señalado, no perderíamos de vista que un desarrollo de la industria nacional, no puede estar condicionado a quienes en el futuro nos proveerán -como productores y/o distribuidores- de la energía necesaria y a menor costo sin necesidad de subsidios. En tal situación -que la creamos ahora-, la competitividad no será mas que una frase hueca y sin sentido... pero que bien que vende.

Finalmente, debemos relevar la tarea de un significativo sector de profesionales vinculados a la actividad energética en el Perú, quienes vienen desvirtuando el manejo de las cifras y la orientación "oficial" de la información hacia la exportación. Una lucha enconada y constante contra la indiferencia ciudadana y el aislamiento mediático, por lo que nos permitimos apoyarlos en su afán de presentar y difundir cifras e informes que contradicen la pertinencia de decisiones de gobierno ajenas a una política de estado sobre el sector energía. Contrariamente, debemos lamentar la acción de un gobierno, así como la inacción de sectores empresariales y políticos sin visión de futuro, que priorizan la exportación del gas frente al uso y/o transformación interna.

En todo caso, si realmente estuvieran comprometidos con los destinos del país, entenderían -por sentido común siquiera- que si el norte de Chile es deficitario en energía, es de hecho un gran mercado para nosotros, ya que de tener excedentes -por mayor actividad exploratoria y/o de extracción- estaríamos pensando no en exportar, sino promoviendo proyectos regionales/nacionales para contar en dos o tres años, con una o varias plantas eléctricas ubicadas en la zona sur (Arequipa, Cusco, Puno...), y obtener más divisas por la venta de energía que la que se obtenga por la venta de gas al vecino país. Desde luego, con un beneficio –geopolítico- adicional, ser menos vulnerables en provisión de energía... No vaya a suceder que dicha vulnerabilidad "condicione" nuestro desarrollo futuro, o...¿No será eso lo que piensan los promotores de la exportación?.

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La siglas TPC se refiere a tera piés cúbicos. A la vez, "tera" es igual a la unidad seguida de 12 ceros.

lunes, setiembre 05, 2005

EE. UU. y el CAFTA

NOTA.- Incluyo la presente entrada por considerarla de interés para las discusiones en el Perú sobre el TLC . Asimismo, debo referir que el artículo ha sido publicado en la sección E-Newsletter de la Revista “AméricaEconomía”.


Especial Comercio Exterior (Ed. 305-306)

Cafta : Triunfo sin brindis

George W. Bush pagó demasiado para obtener el OK al Cafta. Ahora eso condiciona nuevos acuerdos regionales.

Gerardo Lissardy,
Washington D.C.

La promesa que hicieron los negociadores estadounidenses a diplomáticos latinoamericanos en Washington era simple: si el acuerdo de libre comercio que lograron con Centroamérica y República Dominicana era aprobado por el Congreso de EE.UU., aunque sólo fuera “por siete votos”, festejarían. El Cafta, siglas del pacto en inglés, pasó la prueba el 28 de julio, cuando la Cámara de Representantes lo ratificó por apenas dos votos de diferencia. Pero nadie descorchó champaña. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Portman, se embarcó de inmediato hacia Ginebra para concentrarse en su nueva meta, la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El viaje de Portman trae esperanzas para que la negociación por la apertura comercial entre los 148 países de la OMC supere las trabas impuestas por las diferencias en materia agrícola. Pero es también un efecto del cambio de prioridades de EE.UU. y plantea un gran interrogante sobre la viabilidad de sus planes de liberalización comercial con otras partes del hemisferio. Mientras el proyecto de un Área de Libre Comercio en las Américas (Alca) fracasó sin un reconocimiento oficial, Washington también pasó a segundo plano su diálogo con los países andinos, al menos hasta que la cumbre de diciembre de la OMC, en Hong Kong, marque el rumbo a todo el mundo. “La atención central, por lo menos en los próximos seis meses, estará allí”, dice William Brock, quien ocupó el puesto de Portman en el pasado. “Podremos seguir con conversaciones productivas bilateralmente, pero si somos exitosos en Hong Kong tendremos una mejor perspectiva de éxito en las Américas”.

El republicano Brock, quien también fue secretario de Trabajo, cree que el gobierno de George W. Bush debería evitar que todo su esfuerzo negociador se vaya en la ronda multilateral, pero acepta que la aprobación del Cafta mostró al presidente que el capital político para estos acuerdos regionales es limitado, y tiende a consumirse. “Puede que la victoria haya valido el precio, pero nadie debería creer que fue sin costo”, dice.

LA LARGA MARCHA

El propio Bush debió hacer valer el peso de su investidura para que el acuerdo con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana fuera aprobado. En los meses previos a la votación reclamó públicamente varias veces la ratificación del Congreso y mantuvo reuniones con decenas de legisladores. La agenda de Portman registró más de 100 de esos mítines mientras la Casa Blanca ofrecía puentes y carreteras a los Estados de los representantes que la apoyaran y el oficialismo republicano prometía en el Capitolio mayores aranceles a las importaciones de China.

Pese a todo, el acuerdo pasó la Cámara Baja por sólo dos votos, y el Senado, por nueve. Fue el TLC con menos apoyo legislativo en la historia reciente de EE.UU., aun cuando el PIB conjunto de los socios centroamericanos es inferior al del estado de Oklahoma. “Cafta fue casi único”, dice Kim Elliot, experta en comercio del Institute for International Economics (IIE), un centro de estudios independiente de Washington. “Se transformó en un voto simbólico, sobre todo por razones de política doméstica”.

Entre ellas estaban una creciente inquietud legislativa por el déficit comercial y cierta sensibilidad demócrata por la cercanía de los países firmantes, sus bajos salarios y el incumplimiento de sus leyes laborales, que ven amenazantes para los empleos estadounidenses. Pero, sobre todo, el acuerdo tocó a dos industrias estadounidenses sensibles, el azúcar y los textiles, que presionaron para rechazarlo desde el principio.

Aunque el Cafta ya sorteó el Congreso, todavía quedan obstáculos políticos para que comience a funcionar y elimine el 80% de las barreras comerciales entre los siete países. Por lo pronto, aún debe ser ratificado por los Parlamentos de Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua, donde el clima político es al menos tan desfavorable como el que se presenta en Washington.

Aunque EE.UU. siga negociando con Colombia, Ecuador y Perú en forma paralela a la OMC, como muchos creen que sucederá, las perspectivas de acuerdo son inciertas. “Entre el Nafta y el Cafta, Washington parece haber agotado por el momento su capacidad de oferta de apertura para el azúcar”, dice. “La pregunta, sobre todo para Colombia, un gran exportador de azúcar, es si están dispuestos a aceptar un acuerdo bilateral que no les de incrementos en el acceso del producto”.

El azúcar no es el único tema duro surgido tras 11 rondas de negociación. Las diferencias en temas de propiedad intelectual, las reglas de origen para el comercio textil y la agricultura podrían postergar las tratativas hasta 2006. “Los negociadores están analizando las posibles consecuencias de la manera en que el Cafta fue aprobado y en este momento no parece que se sepa con exactitud el camino que se va a adoptar”, dice Juan Carlos Apunte, director de la oficina comercial de la embajada de Ecuador en Washington. “Hay un ligero desgaste por la aprobación del Cafta y difícilmente pueda pensarse que en los próximos meses se presentará otro proyecto al Congreso; habrá que dar un período de respiro”.

Va a ser necesario. En medio de la batalla en el Congreso por el Cafta, distintos medios estadounidenses informaron que el gobierno de Bush prometió que mantendría sin recortes los subsidios al agro. Según Elliot, eso envió una señal negativa sobre la voluntad del gobierno de enfrentar los intereses agrícolas, algo absolutamente necesario para que Doha llegue a buen resultado. De hecho, durante su visita a Ginebra, Portman insistió en que el problema de los subsidios al agro debe resolverse en la OMC, pero advirtió que “es difícil vender en casa” la idea de recortes cuando la Unión Europea tiene tres veces más apoyo doméstico que EE.UU. para la misma producción. “Creo que es tiempo de que todos nosotros mostremos flexibilidad”, dijo, reclamando también la reducción de aranceles en países ricos y subdesarrollados.

Mientras persistan estas diferencias, el Alca no saldrá de la morgue para resucitar. Al contrario, el desgaste en las relaciones comerciales entre EE.UU. y el Mercosur muestra cada vez menos voluntad de socios y más tensiones de enemigos. A la demanda que Brasil ganó este año a EE.UU. en la OMC por su protección al algodón, se suma ahora un recurso de Uruguay contra los subsidios al arroz. El Cafta, como estas discusiones actuales, ha sugerido que la voluntad política sigue siendo el motor de cualquier apertura comercial. En el caso de Centroamérica, ahora queda por determinar si los costos de aprobación son menores que las necesidades del gobierno de Bush.

sábado, setiembre 03, 2005

¿Planificación del Desarrollo o Planeamiento Estratégico?

Un tema que es complementario al de la sociedad civil - tratado en éste blog -, y que deseo precisar en éstas pocas líneas, es el relacionado a las vinculaciones de las instituciones que la integran, con el sector de profesionales que, a través de su labor como asesores y/o funcionarios de confianza de ministerios, empresas públicas, organismos públicos descentralizados y comités de privatización, entre otros, han establecido la cabecera de puente para consolidar su estrategia de control y usufructo de las decisiones de Estado. Estos constituyen un “soporte” táctico para que la denominada sociedad civil cuente con el “más alto” apoyo.

Bien, hecha la precisión hablemos sobre la planificación, particularmente en momentos en que se viene estructurando e institucionalizando la Planificación Estratégica, a través del recientemente creado CEPLAN (Centro de Planeamiento Estratégico de Desarrollo); en lo particular, debo referir que esta es una de las propuestas de la "sociedad civil", que se incluye como parte de las políticas acordadas dentro del "Acuerdo Nacional". Sobre dicha propuesta debo señalar que, el hecho de que los promotores carezcan de un entendimiento razonable sobre las diferencias –conceptual, metodológica y funcional - entre Planificación del Desarrollo y el Planeamiento Estratégico, así como de haber actuado dentro de un entorno sin presencia de un órgano rector de la Planificación Nacional, como el INP, no les ha causado mayor rubor pretender que el segundo es una herramienta de gestión del Estado, inclusive que ha “superado” al primero y es el "Top" de la planificación.

Evidentemente, la confusión creada – de buena o mala fe - por sus “divulgadores”, sobre el origen, naturaleza y fines de ambas metodologías o técnicas, no ha permitido que en su momento se discuta y se precise sobre la pertinencia de cada una de ellas en entornos diferenciados. Esto es, en un entorno social – país o comunidad – interesado en el desarrollo integral (bienestar) y en un entorno empresarial básicamente interesados en su posicionamiento en el mercado de sus productos y alcanzar la máxima rentabilidad (utilidades) que el mismo le permita.

Avancemos un poco más, el Planeamiento Estratégico es una herramienta formulada para las empresas y se basa en la elaboración de diagnósticos puntuales, en los que se utiliza la conocida matriz FODA, la misma que es una metodología de análisis/decisión para una empresa privada que busca posicionarse ventajosamente en el mercado de su producto (pan, fideos, cocinas, lavadoras, automóviles, aviones, etc.), a partir de identificar sus debilidades (D) y fortalezas (F) en su entorno interno - sobre el cual puede influir -, así como las oportunidades (O) y amenazas (A) en su entorno externo - sobre el que poco o nada puede influir -, que provienen de las empresas que compiten por el mismo mercado y con el mismo producto.

En el caso de la Planificación del Desarrollo, es un instrumento de gestión del Estado (Instituciones incluidas), no de una empresa que busca optimizar sus beneficios. El Estado como tal, no tiene ésa naturaleza ni ése fin, tiene sí como finalidad última procurar el bienestar de la población, lo cual implica básicamente mejorar las condiciones de vida; esto es, trabajo, salud, educación, entre otros. Ahora bien, la mejora en las condiciones de trabajo, salud y educación, por señalar lo más importante, implica análisis y procesos que no se limitan a los de una competencia de productos en un mercado específico. Imagínese un gobierno local (distrital) con su Plan Estratégico, definiendo cual es su mercado, que producto vende, con quien compite. En este caso, el bienestar de su distrito no es un producto del mercado, sino la articulación de muchos servicios responsabilizados a instituciones específicas, sean dependientes del gobierno local, regional o nacional

Por otra parte, con la distinción entre ambas no estamos negando la articulación vital entre Estado y Empresas, en orden a alcanzar objetivos nacionales que favorezcan el desarrollo de conglomerados empresariales nacionales, básicamente. De hecho y para el efecto, cada uno tiene sus propias metodologías para organizarse y llevar a cabo sus fines; sin embargo, debe quedar claro que el BIENESTAR no es un PRODUCTO objeto del mercado y de FODA's. Por lo demás, no se conoce un país desarrollado con sistemas de planificación que cuente con un Plan Estratégico de Desarrollo. En todo caso, si lo hay sería bueno saberlo.

En éste punto, permítame una disgresión. El porque se llega a adoptar el Planeamiento Estratégico como un reemplazo o alternativa a la Planificación del Desarrollo, tiene mucho que ver con razones ideológicas y oportunidad política. La Planificación del Desarrollo se implementa en el país, como parte de los acuerdos de Punta de Este (Uruguay-1962), a propuesta y consenso de los EE.UU. y con una característica esencial: La Planificación debería ser INDICATIVA, no centralizada como en los países socialistas. Es precisamente el gobierno militar de Pérez Godoy y Lindley, que dan pase a la creación del INP (Instituto Nacional de Planificación), organizándose en base a un equipo de técnicos que tuvo que confrontar sectores de gobierno y funcionarios que con visión estrecha relacionaban la Planificación con Socialismo. Dicha corriente “ideológica”, se mantuvo y aprovechó la corriente “neoliberal” de los ’90, así como el control de la economía del país por parte del MEF, para darle la estocada final al INP. Luego de ello, solo quedaba como tarea resolver el problema de: planificar sin integrar fines y objetivos nacionales. A alguien se le ocurrió que la moda era el Planeamiento Estratégico de las empresas, porque el Estado debería ser “eficiente” como las empresas. El MEF dijo: ¡Éso!... siempre y cuando no interfieran con “nuestros” Planes Multianuales... Y así todos fueron felices... menos el Perú.

viernes, setiembre 02, 2005

El gobierno y la cocalización

La lucha contra el narcotráfico institucionalizado, cuyo creciente poder - económico y político - es un factor evidente de distorsiones en la economía, particularmente para establecer y mantener un marco adecuado - racional y sustentable - para planes y programas de desarrollo económico de mediano y largo plazo, está en camino de sufrir serios reveses por la incapacidad institucional de entender los elementos que interactúan dentro de la problemática del narcotráfico, lo que a su vez impide alcanzar soluciones rápidas e integrales.

Es bastante difundido que las acciones de la lucha contra el narcotráfico se da en tres escenarios básicos: (i) la sustitución y/o erradicación del cultivo de coca; (ii) la interdicción o control del abastecimiento de insumos químicos, el transporte y la distribución de la droga; y (iii) la prevención, a través de programas de disuasión del consumo de drogas. Sin embargo, es poco conocido, salvo por especialistas vinculados al tema y algunos funcionarios sin capacidad de decisión, que hay una interacción directa y de efectos contrarios entre las acciones de interdicción y el ritmo de cocalización, entendida esta como el incremento sostenido de áreas dedicadas al sembrío de coca para insumo de la droga.

Me explico, si la interdicción es intensa y sostenida, expresada a través de controles en vías de comunicación (terrestre, área, fluvial o marítima) y el espacio aéreo para evitar el tráfico de naves dedicadas al transporte de insumos y drogas, se reducirá drásticamente el mercado de los procesadores primarios de pasta básica de cocaína (PBC), lo cual influirá sobre la demanda por la hoja de coca, lo que lleva a su vez que el precio de la hoja de coca tienda a caer hasta niveles donde su cultivo NO SEA RENTABLE, tal como ha ocurrido en períodos previos al derribamiento de un avioneta de predicadores norteamericanos que ingresaba del Brasil, lo cual dio lugar a la suspensión de la interdicción aérea y se dejó "libre" el espacio aéreo. Precisamente, a partir de tal decisión promovida por los EE.UU. y supuestamente principal interesado en la lucha contra el narcotráfico, se inició la subida de precios de la hoja de coca al incrementarse las actividades de procesamiento y transporte de droga.

Ahora bien, creen ustedes que en una coyuntura (¿?) en donde el precio de la hoja de coca alcanza los 5 dólares por kilogramo y los rendimientos - por mejor soporte técnico - se acercan a las 2 toneladas por hectárea, lo que a su vez se traduce en un ingreso por hectárea sembrada de diez mil dólares año, puede pretenderse inteligente y racional el desarrollar acciones relacionadas a la sustitución del cultivo sin que haya otro alternativo que se adapte a los suelos ocupados por la coca y les dé siquiera una quinta parte de ésos ingresos. Muy difícil, por no decir imposible. Pero, lo más grave no es pretender realizar sustituciones, sino impulsar - en una suerte de ceguera - la erradicación forzosa del cultivo que no es otra cosa que arrancar las plantas de los sembríos, sin prever o ignorando las naturales resistencias de los cultivadores de coca, haciendo que un problema de manejo técnico-económico, se convierta en un problema político-social, con todas las implicancia que ello trae.

Lo referido puede parecer cosa de "locos", pero así es como se desarrolla la lucha contra el narcotráfico, en donde el gobierno - y sus instituciones - por priorizar el tema de la siembra sobre el de la interdicción, que es el problema clave y vital en la lucha contra el narcotráfico y su secuela de corrupción generalizada, actúan si querer queriendo como una especie de facilitadores del narcotráfico. Por supuesto, en ello cabe especial responsabilidad a la PCM-DEVIDA y el Ministerio del Interior; quienes no acaban de entender que si se actúa con inteligencia y decisión, ni siquiera se hace necesario el apoyo financiero - y condicionado - de los Estados Unidos, porque lo que se requiere para la interdicción lo tiene el país y en exceso. Aunque usted no lo crea...

jueves, setiembre 01, 2005

Sociedad civil y gobierno

En el presente tema, mi intención no es solamente ser puntual –y motivador- sino el de colocarme dentro de un contexto histórico y político para tratar de explicarnos la aparición de grupos e instituciones que, beneficiándose de nuestra idiosincrasia caracterizada principalmente por el desinterés por los asuntos nacionales y/o una memoria histórica cortoplacista, brinda las condiciones para que se desarrollen y consoliden grupos de poder. Los de poder económico, no nos son tan ajenos. Los de poder social y político, con aspiraciones –y vinculaciones- para alcanzar en última instancia, un relativo poder económico y convivir con los usufructuarios de la actual corriente económica -liberal no nacionalista-, es menos observado a pesar de su dinamismo y progresivo control de las decisiones de Estado.

Una expresión evidente de concertación de los grupos e instituciones para realizar su proyecto de presencia y control político-social, lo constituye la denominada Sociedad Civil, cuyo espacio de desarrollo se inició en universidades e instituciones profesionales denominadas "de prestigio", cuya proyección hacia el dominio político, pasaba por posicionarse como una "elite intelectual y académica". La oportunidad les llega - curiosamente - con el advenimiento del gobierno militar (1968-80), que abre el país real e histórico a los ojos de universitarios y académicos de dichas universidades, que asumen su "compromiso" con la posición nacionalista y el cambio de estructuras.

Precisamente, a mediados de los '70 y dentro de la denominada "segunda fase" (1975-80) del gobierno militar, tenían claro lo siguiente: (1) el poder económico, luego de la reforma agraria, ha cambiando de manos o de grupos; (2) el poder político de los partidos, luego de los cambios en el contexto económico-social, no reflejados necesariamente en sus ajustes de idearios y programas, devendrá en una suerte de anacronismo ante la nueva situación del país; y (3) frente a tal perspectiva, se abre un espacio de intervención tendiente a vincular los nuevos grupos económicos y el poder político, sin tener necesariamente a los partidos políticos como "intermediarios".

A partir de dicho análisis, surge entonces la estrategia de constituir ONG’s e integrarse dentro del conglomerado de instituciones sin fines de lucro, así como acercarse y establecer relaciones financieras sólidas –y permanentes- con los organismos internacionales de ayuda, como medio de lograr una "independencia" económica de sus miembros y un posicionamiento institucional a través de actividades y programas de apoyo a comunidades del interior del país. Desde luego, sin obviar vínculos amicales con las ONG’s "pobres" y/o responsables de los trabajos de campo.

Durante la década de los ochenta, y luego de entrar al proceso de consolidación (económica y política), se les hace necesario afinar la estrategia e iniciar el proceso de integrarse en asociaciones mayores, pero sin perder sus "líneas de trabajo", tal como: desarrollo rural, género, microempresas, crédito y otros. Posteriormente, en la década de los ´90, y como producto de las preocupaciones de los organismos internacionales por la aplicación de las "nuevas visiones" del mundo libre o agendas de desarrollo, se implementa la temática de: Lucha contra la pobreza extrema, que tiende a integrar las temáticas previas y ser el respaldo a los programas de ayuda social.

Dicha oportunidad –"coyuntura" le denominan - les abre una vía para introducirse en los niveles de decisión y/o de formulación de políticas de Estado. De allí, a autodenominarse sociedad civil y constituirse en nivel de intermediación "válido" entre Gobierno y Población, frente a la debilidad de los partidos políticos, no significaba más que un paso. Lógicamente, tenían que demostrar su habilidad y "legalizarse". No otra cosa fue promover la idea de no gobernabilidad y la necesidad de un "Acuerdo Nacional". Foro que no interesaba si era funcional y operativo, lo importante era "llevar" a los partidos y movimientos a aceptarlo. A la luz de los acontecimientos, es evidente que lo han logrado. Sin embargo, su siguiente movimiento en el desarrollo de sus visiones apunta – y están activos -, en constituirse en los líderes y/o árbitros del proceso de Descentralización-Regionalización que se lleva a cabo en el país.

Pero, ¿es realmente la denominada sociedad civil compatible con los mecanismos de participación de la población dentro del contexto de una sociedad democrática?... En principio considero que no. Salvo que la democracia deje de sostenerse en los partidos políticos – entendidos como formadores de ciudadanía y representativos de los intereses de la población, en cada caso – y se afirme en grupos y movimientos sin mayor organicidad y en consecuencia ajenos a las responsabilidades de las políticas de Estado que promueven. En cuanto a mi opinión sobre el tema de la sociedad civil, y considerando que sus miembros o asociados al tener limitadas condiciones para ser Partidos Políticos, debido al síndrome de "liderazgo natural", estarían inmersoso en un esquema de: Sociedad civil = No partido = No democracia...