Renta Básica... confrontando a los lobbies

La aprobación de la Ley de la Renta Básica, viene enfrentado una coordinada y sistemática campaña mediática tendiente a dejar -una vez más- sin efecto alguno una justa norma aprobada por el Congreso y que aguardaría su ratificación por el Presidente de la República. Desde luego, previo análisis y acuerdo favorable del Consejo de Ministros y en donde se podría recomendar las "enmiendas necesarias", así como proceder a... devolver la norma al Congreso.

Dicha campaña mediática de alta intensidad, que en principio reclama por la "extraña" rapídez de su aprobación, y quizás porque en este caso no beneficia a las empresa-clientes, viene haciendo uso de una serie de argumentos que, debiendo ser razonados y equitativos en cuanto a frenar un abuso evidente, son esforzados intentos por ocultar verdades y/o confundir a la población afectada, principalmente. Veamos algunos de ellos:

1. La Ley es anticonstitucional.- En primer lugar, el concepto -explícito y taxativo- de renta básica, NO EXISTE en el Contrato-Ley. El hecho que quienes elaboraron, revisaron y/o aprobaran el mismo, introdujeron -de mala fé- un texto "sustitutorio" a fin de tener bajo la manga una suerte de "salida legal", al reclamarse por el pago de dicho concepto, no lo hace tal. En segundo lugar, al no tratarse de una cláusula explícita, taxativa y de buena fé incluida en dicho contrato-ley, la consulta hecha y absuelta -en su oportunidad- por el Tribunal Constitucional (TC), respecto a la "constitucionalidad" de la Renta Básica. Ha sido, es y será un exceso, sino un despropósito del TC... logrado no sabemos como.

2. La Ley, impedirá la inversión en la ampliación del servicio.- Este argumento-patraña, expresado al unísono por variopintos personajes del denominado "medio empresarial", comentaristas "económicos", congresistas despistados y -asumo- con buena fé, funcionarios y/o asesores del Ejecutivo, entre otros, no tiene piés ni cabeza. Aún más, tratan de hacer un símil con el tema SEDAPAL, cuando éste es sobre tarifas que artificiosamente se han mantenido bajas ( a pesar de incrementos costos) en desmedro de la capacidad de capitalización de la empresa... y por lo tanto para renovar y/o ampiar redes y servicios. Aquí no hay un tema de "renta básica"...

Me explico, lo que ronda en la cabecita hueca de dichos gonfaloneros gratuitos (¿?), es que la compañía Telefónica DEBE hacer las inversiones de mayores líneas con el bolsillo de cada usuario peruano... y no con sus recursos propios. Claro, al igual que con el Gas de Camisea, donde los usuarios de energía eléctrica -sin mediar consulta alguna- viene pagando (más de 300 millones de dólares) mes a mes del costo del gasoducto que debió financiar con sus propios recursos la empresa TdGP . Es decir, el colmo de la desfachatez.

Sin embargo, preguntemos a dichos personajes que se han vuelto "activistas" de los intereses de "selectas empresas", y solo por un supuesto negado, respecto a las inversiones hechas por Telefónica con los cerca de 3,000 millones de dólares cobrados por renta básica... Y también al igual que con el gasoducto, en que momento se van a extender las acciones o participaciones -de cada empresa- a favor de los usuarios que venimos pagando las "inversiones"..

3. La Ley, generará inestabilidad jurídica y afectará los contratos-ley.- Este es otro de los argumentos-patraña, que pretende a través de complicidades en el poder judicial y el tribunal contitucional, darle a los contratos entre partes la calidad de IRREVISABLE, lo cual es un absurdo jurídico. Particularmente, cuando en su elaboración y suscripción ha mediado evidente intencionalidad de daño y/o perjuicio a favor de una de las partes (Estado-Usuarios), tal como puede ser demostrado suficientemente. Ello lo sabe muy bien, el congresista Castro y la señorita Lourdes... entusiastas defensores de la "inversión".

Evidentemente, mantener irrevisable dichos contratos abona a favor de no declarar a los responsables de las firmas, terceros responsables por el daño ocasionado al país -y a los peruanos usuarios- por la expropiación de ingresos familiares y/o empresariales. Funcionarios que al recibir delegación de poderes del más alto nivel, y actuar con total discrecionalidad, pueden seguir sirviendo a intereses muy concretos y tener la seguridad que el poder económico los protegerá de cualquier "eventualidad judicial"... Si se contara los entretelones de las "negociaciones" de los Contrato-Ley o Leyes con nombre propio, nos sentiríamos más asqueados de lo que ya estamos... Esperemos que algún día tengamos medios realmente democráticos e independientes...

4.- La Ley, es una mala señal y detendrá las inversiones.- Este es otro argumento jalado de los pelos. Para empezar, no hay ninguna evidencia empírica (datos y/o estudios confiables) de que la revisión de un Contrato y/o el cuestionamiento del contenido y alcances de los mismos, como tampoco del marco normativo, haya significado un efecto parecido en un momento determinado. Claro, para crear temores en una población poco informada, si funciona... pero no por mucho tiempo.

Sin embargo, dejan de mencionar que el MAYOR INVERSIONISTA es el pueblo peruano. Para empezar, y solo para citar dos ejemplos, los usuarios de telefonía fija y electricidad le han transferido a Telefónica -vía renta básica- y a Transportadora de Gas (de Camisea), un monto de no menos de 3,500 millones de dólares... sin haber recibido hasta ahora ninguna acción o título-valor que acredite tal aporte. Por supuesto, si usted quiere acudir a la Defensoría del Pueblo, el Poder judicial y/o el Tribunal Constitucional... ya tiene elementos de juicio para saber que respuesta y a favor de quienes se inclinará la balanza...